Las obras de la Plaza Vieja arrancan con un recuento sobre el patrimonio que se salvará

Tras años de espera y desavenencias entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, las obras de reforma de las Casas Consistoriales y la Plaza Vieja se han reactivado esta semana. Ayer, varios de los ediles del Consistorio recorrieron el interior del histórico inmueble municipal, del que la empresa OHL y por un importe de tres millones de euros deberá culminar en once meses a contar desde esta semana su rehabilitación estructural y de sus fachadas.

En la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, el concejal de Urbanismo y portavoz municipal Ramón Fernández-Pacheco, aseguró tras comprobar el estado del edificio que habrá que «echarlo prácticamente abajo en su totalidad». Un equipo de restauradores, de hecho, se encarga ya de inventariar el patrimonio que alberga y de dividirlo entre lo que debe ser conservado, lo que merece una reproducción y los elementos que se perderán entre los escombros. Precisamente, en esa junta de gobierno, el Ayuntamiento dio ayer el visto bueno a la adjudicación del contrato de seguimiento de la actividad arqueológica de las obras a la empresa Patrimonio Inteligente por un importe total de 13.614, 48 euros, un imperativo legal al tratarse de un edificio en una zona protegida.

Por el momento, según desveló el propio Fernández-Pacheco, hay consenso en desmontar pieza a pieza la escalinata de mármol que da acceso a las antiguas dependencias de Alcaldía y preservarla fuera para reubicarla cuando acabe todo. «Los arqueólogos han hallado en sus catas lo que podría ser un cofre que están intentando averiguar de qué se trata», agregó el edil. Del mismo modo, los especialistas están a favor de tomar muestras del artesonado del salón de plenos como patrón para elaborar una réplica en el futuro en el mismo lugar. Las obras dan continuidad a un complejo convenio entre la Junta y el Ayuntamiento que se remonta a hace quince años. El coste de los actuales trabajos ha terminado siendo adelantado por el Consistorio hasta que el Ejecutivo abone su parte en 2016 y 2017.