Incertidumbre en la federación de sordos por los retrasos en los pagos de la Junta

Los responsables de la Federación Andaluza de Personas Sordas (FAAS) están detrás de la Junta de Andalucía. Y viceversa, al parecer. Hace una semana, los primeros emitieron un duro comunicado en el que reclamaban al Ejecutivo el pago de cerca de 1,5 millones de euros en nóminas atrasadas a cuenta de las políticas activas de empleo y la formación profesional de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Según su presidente, Alfredo Gómez, los retrasos en los pagos durante los últimos años han afectado «gravemente a la atención social que prestamos».

En declaraciones a este periódico, el delegado de FAAS en Almería, Javier Baños, afirmó sin atreverse a dar una cifra exacta que estos atrasos afectan a media docena de trabajadores en la provincia desde enero. «Aquí se ha pagado, pero la Junta no se lo ha devuelto a la federación», explicó el también presidente de Asoal.

Los apuros habrían repercutido así en la merma de la calidad ofertada por ejemplo en el servicio de interpretación, con una sola trabajadora responsable de toda la provincia. Esta empleada atiende no solo a los más de cien socios de la organización de Almería, sino a toda la comunidad de personas con alguna discapacidad auditiva.

La resolución del «problema financiero» -que vendría a sumarse a otros de distinta envergadura relacionados con la falta de «garantía de los mandatos» que compromete la legislación de 2011 aprobada en Andalucía al respecto, según FAAS-, podría dar oxígeno a una entidad que, en el caso de Almería, ve «muy complicado» su sostenimiento inmediato.

Puesta al corriente

La delegación territorial de Economía, aludida directamente por los responsables de FAAS, informó a IDEAL de que tanto la Junta como la federación están «dialogando» para encontrar una solución, toda vez que el Ejecutivo «trabaja para poder cumplir lo más rápido posible» con los pagos comprometidos a esta entidad.

«En estos momentos estamos ultimando la documentación justificativa», explicaron. Lo particular en el caso almeriense es que la entidad es la que «tiene que ponerse al día» en sus pagos, «ya que adeuda un reintegro por una ayuda aprobada en 2014 dentro del programa Interés General y Social (IGS) y tiene justificaciones pendientes».

Según la delegación, la ayuda del programa IGS se concedió para contratar a dos trabajadores, pero la entidad renunció a uno de ellos una vez que ya había recibido el anticipo de la ayuda, por lo que se ha generado un reintegro (pequeño, de unos cientos de euros, comparado con lo que se reclama) de parte de esa ayuda que «hasta que no sea abonado por FAAS».

En este sentido, el Ejecutivo defiende que el vaivén administrativo podría empezar a resolverse toda vez que la asociación ingresase ese reintegro. «El sistema no permite que desde la Junta se puedan realizar a la organización nuevos pagos de otras subvenciones», informaron, como la del programa Andalucía Orienta de 2014, que está en proceso de justificación.