El 90% de las reclamaciones que arbitra la capital es contra empresas telefónicas

Algo describe la sociedad actual el hecho de que las telecomunicaciones sean, hoy por hoy, el principal nicho económico sobre el que recae la mayoría de las preocupaciones de los ciudadanos. Tanto es así, que la práctica totalidad de las solicitudes tramitadas por la Junta Arbitral de Consumo de la capital tienen que ver con malas facturaciones u ofertas telefónicas incumplidas.

Concretamente, en lo que va de 2015, estas desavenencias entre usuarios y compañías ya representan el 90% de todas las peticiones de resolución de litigio presentadas, según datos facilitados a IDEAL por el Área de Salud, Consumo y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de la capital. En números exactos, han sido 48 hasta el final del verano. Aunque en un porcentaje menor, lo cierto es que también suman más los laudos favorables al consumidor. De los expedientes en tramitación, se han dictado 21, de los que 12 han dado la razón del cliente frente a nueve desestimatorios.

El arbitraje es un método de resolución de conflictos extrajudicial, voluntario, gratuito, rápido y eficaz que permite resolver los desacuerdos que puedan surgir entre usuarios y prestadores de servicios.

Su funcionamiento se inicia a instancia del consumidor y, si la empresa a la que se reclama esta adherida al sistema -hay medio millar de todos los sectores-, se constituye un 'tribunal' encargado de dirimir el conflicto. Solo si la empresa no forma parte de este mecanismo y niega integrarse en él tras un requerimiento se archiva el expediente. Precisamente y pese a lo abrumador de los números, según fuentes del área que dirige el edil Carlos Sánchez, se ha producido una «reducción» de las reclamaciones contra operadores de telefonía y similares debido a que estas empresas «están limitando su oferta de adhesión al arbitraje».

Así, hay reclamaciones que no se verán como hasta ahora en juntas arbitrales, como es el caso de incidencias relativas a tarificaciones adicionales, servicios de mensajería 'premium' o números especiales. El nuevo destino de estas reclamaciones es hoy la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Gobierno central.

Por unanimidad

Hasta la fecha, la cuantía media de las quejas presentadas este año es de 282,47 euros. Cabe señalar que los laudos arbitrales tienen efecto de cosa juzgada, lo que en Derecho viene a significar que son obligatorios, vinculantes para las partes y ejecutivos. Además, la mayoría de los finiquitados en la capital ha sido dictada por los colegios arbitrales por unanimidad de todos sus miembros (administración pública, asociación de consumidores y empresarios).

Según el Consistorio, las materias más recurrentes han sido el incumplimiento por parte de las operadoras de lo ofertado por vía telefónica, «como, por ejemplo, los importes en facturación y las condiciones de la contratación, que cuando se reflejan en papel o en internet varían a lo hablado con el agente comercial». También, los usuarios han incumplido las permanencias contratadas en los servicios. Concretamente, Almería tramita reclamaciones contra Vodafone, Movistar y Orange por ser empresas adheridas al sistema, en expansión, pero en lo que va de año también ha habido solicitudes por temas de revisión del gas, quejas contra asesorías, por la transacción de muebles defectuosos o contra clínicas veterinarias.