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Miguel Cárceles
Jueves, 19 de noviembre 2015, 00:26
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado la revocación parcial del auto de la juez Mercedes Alaya de septiembre del año pasado por el que impuso al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler una fianza superior a los cuatro millones de euros en el marco de la investigación de los presuntos ERE fraudulentos. Según el nuevo auto de la Audiencia, fechado este mismo lunes, se deja sin efecto la fianza interpuesta al socialista Martín Soler, de 4.070.633,08 euros, tras estimar el recurso de apelación interpuesto por su representación procesal. Además, contra este auto de la Audiencia no caben nuevos recursos, pese a lo cual Soler continúa siendo objeto de investigación en calidad de imputado.
Según alega la Audiencia sevillana en su resolución, los «indicios» de responsabilidad penal de Soler Márquez en la investigación de los presuntos ERE fraudulentos «no son tan severos como para fundar en los mismos la adopción de la medida cautelar que se recurre», esto es, la altísima fianza impuesta por la magistrada Alaya el año pasado, «pues si bien no se puede descartar que con su conducta el señor Soler contribuyó a la realización de los hechos que le son imputados, no tienen la consistencia necesaria para acordar medidas cautelares reales y ello sin perjuicio de que una vez completada la investigación y que de la misma se infiera una mayor participación en los hechos del apelante se adopten las medidas cautelares que correspondan».
En el auto, la Audiencia insiste en que el procedimiento de financiación de los ERE, que fue cambiado en el periodo en el que Martín Soler fue consejero (del 25 de abril de 2009 al 23 de marzo de 2010), podría haber continuado eludiendo la fiscalización previa de la subvención -algo que se investiga actualmente-. No obstante, «la resolución las trasferencias de financiación eran creadas y acordadas por la Consejería de Empleo, no por la de Innovación», de la que era responsable el almeriense, igual que la fiscalización de las ayudas.
Además, y respecto a la ayuda a la empresa Abantia Ticsa, cuya presunta irregularidad se le imputó a Soler Márquez en el auto de septiembre del año pasado, la Audiencia expone que se reguló por una orden oficializada un mes después de que el almeriense abandonara la responsabilidad al frente de la Consejería de Innovación.
Soler afirmó ayer a IDEAL que con este auto, la Audiencia de Sevilla no solo anula la fianza, «que era a todos los efectos injusta», sino que «entra al fondo» y «corrige» los dos elementos que llevaron a su imputación en el caso ERE. «La Audiencia abre camino a que en próximas actuaciones, de acuerdo con mi defensa, se solicite mi desimputación y el sobreseimiento en la causa», dijo.
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