Europa aprueba la Ley de Restauración de la Naturaleza

La Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE, consensuada con los Estados miembros, busca regenerar los ecosistemas degradados de sus territorios, contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE y mejorar la seguridad alimentaria.

A fin de alcanzar estos objetivos generales, los Estados miembros deben restaurar al menos el 30 % de los hábitats contemplados en la nueva ley (desde bosques, pastizales y humedales hasta ríos, lagos y lechos coralinos) para que pasen de un estado deficiente a uno bueno en 2030, porcentaje que aumentará al 60 % en 2040 y al 90 % en 2050, incluidas las tierras de cultivo.

Una Ley que desde sus inicios ha generado mucha polémica, muchas críticas desde el sector hortofrutícola con las organizaciones agrarias pidiendo su paralización, además de suscitar un gran debate y posiciones encontradas entre los países miembros, hasta el punto de quedó paralizada antes de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio.

Sin embargo, cuando se creía que sería precisamente uno de los temas más calientes del nuevo mandato del Parlamento Europeo, el pasado lunes 17 de junio, tan solo una semana después de las elecciones, el Consejo de Medio Ambiente de Europa aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza, tras varios meses de bloqueo, lo que supone el paso final de una de las iniciativas más controvertidas del Pacto Verde Europeo. Fue la decisión de Hungría de cambiar su voto favorable por un no, lo que bloqueó la ley. Sin embargo, en la víspera de la votación, Austria pasó al bando del 'sí' y eso permitió que el Consejo de la UE alcanzase por la mínima la mayoría cualificada necesaria: un 66,07 % de la población de la UE, justo por encima del 65 % requerido. Es decir, contó con el apoyo de 20 países entre los que se contó España, que se posicionó a favor de la aprobación con la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, a la cabeza. Países como Italia, Suecia y Finlandia se opusieron desde el principio, y Hungría y Polonia lo hicieron justo antes de la votación.

Respuesta del campo

Las organizaciones agrarias COAG y ASAJA no dudaron en valorar de manera inmediata este giro inesperado.

El presidente de ASAJA a nivel nacional, Pedro Barato, expresó la profunda indignación de los agricultores españoles ante la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) por el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea. La ley fue aprobada, criticaron desde la organización agraria, por una exigua mayoría, definida por las voces individuales de los ministros y no por las posiciones consolidadas de los Estados miembros y sus sectores implicados.

Desde sus inicios, este expediente ha estado marcado por la controversia y la falta de consenso, siendo rechazado sucesivamente por las Comisiones de Pesca, Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento Europeo.

Así, Barato afirmó que «la aprobación de esta ley es una clara traición a los agricultores y ganaderos de España. Nuestra ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha ignorado las necesidades y preocupaciones del sector, optando por respaldar una normativa defectuosa que carece de una financiación clara y coherente para la restauración de los ecosistemas en toda la UE».

Una decisión que Barato calificó de «precipitada» y que aboca al sector según el presidente de ASAJA a nivel nacional a un «futuro incierto, plagado de disputas legales a nivel regional, nacional y europeo».

Pedro Barato enfatizó la falta de transparencia y previsión en la aprobación de esta ley, que deja sin respuesta la crucial cuestión de la financiación. «La ley, tal como está, no es aplicable ni aceptable sobre el terreno. Se ha perdido una valiosa oportunidad de revisar y hacer más realista este texto. Una segunda lectura podría haber garantizado una normativa más justa y viable», añadió Barato.

Asimismo, insistió el presidente de ASAJAa nivel nacional en que tras las promesas electorales, donde la agricultura fue un tema central de debate, «esta decisión representa una primera señal preocupante para los agricultores y ganaderos sobre las intenciones de sus gobiernos nacionales y de la próxima Comisión Europea».

Por su parte, el secretario general de COAG Almería, Andrés Góngora, afirmó claramente que «no es una buena noticia para el sector agrario si tenemos en cuenta que esta Ley tiene un perfil claramente conservacionista» si bien recordó que «es un proceso que se inicia, no quiere decir que se vaya a aplicar ninguna medida de manera inmediata, pero sí marca el camino que tiene que llevar la próxima Comisión que salga tras estas elecciones».

Góngora incidió también en que consideran que «el Consejo no ha valorado lo suficiente lo perjudicial que puede ser esta Ley, sobre todo para el sector agrario», insistiendo en que «nace muy tocada puesto que no tiene ningún presupuesto. No sé cómo van a intentar restaurar aquellos ecosistemas que hayan podido ser dañadas sin presupuesto».