Vox exige al gobierno de Moreno Bonilla considerar «muy graves» las infracciones por fraude en el etiquetado de productos

Vox ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento de Andalucía para «recoger e incluir como infracción muy grave», en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, «la no indicación del país de origen o lugar de procedencia de los alimentos cuando su omisión pueda inducir a error al consumidor respecto al origen real del alimento, especialmente si la información que acompaña al producto o su etiquetado sugieren un origen diferente».

El portavoz adjunto de Vox en la Cámara andaluza, Rodrigo Alonso, ha afirmado que el «engaño en el etiquetado se tiene que pagar caro». Esta es la muestra de cómo «Vox quiere luchar contra el fraude, contra la competencia desleal y, sobre todo, garantizar la soberanía alimentaria y la salud pública en Andalucía».

Alonso denuncia que, en la provincia, se han dado casos en grandes superficies comerciales que «han vendido, por ejemplo, melones etiquetados como producidos en Almería cuando realmente venían de países extracomunitarios». Señala que lo más grave es que «no hubo sanciones por parte de la Junta de Andalucía y quedó impune«, lo que »nos parece intolerable».

La iniciativa de Vox también reclama que se le dé la misma consideración de «infracción muy grave», la no indicación del país de origen o lugar de «procedencia de los alimentos cuando éste no coincide con el de su ingrediente primario, debiendo proporcionar también el origen del ingrediente primario o, alternativamente, incluir una declaración que informe de que el ingrediente primario tiene un origen diferente al del producto final». «Al que se le ocurra jugar con la salud alimentaria y con el futuro del sector primario lo tiene que pagar muy caro», defiende el portavoz adjunto.

Alonso ha recordado que, en la anterior legislatura, Vox ya propuso medidas para frenar este fraude, con la creación de la Oficina de Lucha contra el Fraude en el Reetiquetado «que se incluyó en esos acuerdos presupuestarios que luego el Gobierno del PP no cumplió».