El Defensor del Pueblo cree que falta un plan global para acabar con los asentamientos

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, ha enumerado casi una decena de problemas detectados que dificultan la eliminación de los poblados chabolistas de Almería y Huelva mediante alternativas habitacionales. Entre ellos se encuentra que la administración andaluza –la Junta de Andalucía– «adolece de una estrategia global y territorial para abordar la eliminación de los asentamientos respetando la autonomía local, que contemple incluir estrategias para involucrar a todos los agentes implicados (administraciones, tercer sector, empresariado, migrantes) en la definición de este plan y en su seguimiento».

Así lo indica en el Informe Anual 2022 del Defensor del Pueblo Andaluz, publicado el pasado 30 de marzo. El documento, de más de 550 páginas, que recoge la labor desarrollada por este organismo parlamentario en 2022 «para la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía», dedica un especial y destacado apartado a abordar la erradicación total de los asentamientos chabolistas en los municipios con mayor población migrante de las provincias de Huelva y Almería.

Durante su análisis, Maeztu indica que los asentamientos chabolistas de los pueblos freseros de Huelva y hortícolas del Poniente almeriense «se han cronificado» siendo «una realidad que refleja el fracaso de la sociedad para asumir un progreso sostenible respetando los derechos de quienes contribuyen al mismo».

Señala, igualmente, que la Defensoría ha diseñado una estrategia de trabajo que se concreta en el análisis de los factores que han provocado la cronificación de los asentamientos en la provincia de Huelva, el papel que ha desempeñado los distintos agentes implicados en esta realidad, así como de las distintas iniciativas que se han impulsado para la eliminación de los asentamientos, incluyendo en este análisis las adoptadas por el municipio de Níjar en Almería.

«Estamos trabajando con una metodología basada en la recogida de información de los grupos de interés en el territorio, a través de técnicas de investigación cualitativa enmarcadas en un cronograma que guía las actuaciones programadas», traslada.

En este escenario, «el papel de la institución se articula como garante de los derechos de esta población migrante mediante la supervisión de las actuaciones de las distintas administraciones implicadas, incorporando acciones que se aborden desde la mediación cuando sea necesaria para promover y favorecer soluciones participadas entre todos y sostenibles en el tiempo, asumiendo un papel activo como articulador e impulsor de los derechos de estas minorías», señala Maeztu.

Además de la falta de estrategia global a nivel autonómico, el Defensor del Pueblo Andaluz observa una disparidad de criterios de los responsables municipales para diseñar e implementar actuaciones encaminadas con esta finalidad, bien sea por falta de iniciativas, bien por incapacidad técnica y presupuestaria para abordarlas.

Lamenta, a su vez, la «incongruencia» respecto al empadronamiento de quienes residen de forma permanente en los asentamientos, «adoptándose iniciativas públicas encaminadas a ofrecerles un realojamientos transitorios sin incluirlos en el padrón municipal como ciudadanos de cada uno de los municipios».

Critica igualmente la falta de visión territorial. «Las actuaciones de unos ayuntamientos redundan en otros de su comarca si no se aborda la problemática de una forma coordinada. A modo de ejemplo, la eliminación de los asentamientos en Lepe y las medidas encaminadas a no instalar más chabolas en su término municipal, incide en la búsqueda de otros municipios del entorno, que por cualquiera de las causas no lo han abordado y a largo tiempo podrían volver a Lepe si se baja la vigilancia sobre el territorio», advierte.

Maeztu señala también la ausencia de procedimientos administrativos relacionados con el desalojo/realojo «que garanticen los derechos de las personas destinatarias, principalmente en ayuntamientos que tienen muy definidos sus equipamientos» y la ausencia de una visión del parque residencial de los municipios con la finalidad de analizar las carencias en materia de recursos residenciales que den respuesta a las necesidades de demanda, tanto permanente como estacional.

Por último, afea el «escaso» papel de los Foros de la Inmigración, a nivel provincial y regional, tanto a la hora de compartir la problemática como de aportar soluciones, validarlas y hacerles el seguimiento.

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