Determinan el desalojo de los vecinos de la calle Ferrobús para continuar con el soterramiento

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ya tiene la aprobación judicial para que se pueda proceder al desalojo de los vecinos de la calle Ferrobús de Almería. Ahora las familias afectadas tendrán que marcharse de esta zona que será intervenida para continuar con la ejecución de las obras que hagan posible que la Alta Velocidad llegue a la capital.

Ante esta sentencia judicial, los vecinos han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que se suspenda el desalojo ya que desde el ente estatal «no han valorado la situación de las familias, con especial vulnerabilidad, que residen allí», exponen desde la defensa.

Para ello, el despacho de abogados de la parte afectada solicitó un informe de vulnerabilidad a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almería, «para que tomen en conocimiento, si es que no lo han tomado con anterioridad, dada la notoria repercusión y trascendencia en la ciudad de la obra, las necesidades de los sujetos afectados cuando se lleve a efecto la autorización interesada, debiendo procurarse los medios precisos» para evitar que las familias queden en situación de desamparo y vulnerabilidad.

Hasta la fecha, Adif se encontraba inmerso en un proceso judicial que inició el 28 de abril de 2023 y, ahora, con una resolución a su favor, las familias perjudicadas se encuentran sin un dinero que se adapte a sus necesidades y situación de vulnerabilidad. «Vivimos estresados y con ansiedad, sin saber qué esperar de ahora en adelante», expone Lucian, uno de los vecinos afectados por el desalojo.

El proceso se inició el 28 de abril de 2023 y, aunque Adif ha llegado a acuerdos con 38 propietarios y abonó el importe íntegro de las viviendas, aún residen varias familias que se encuentran en régimen de alquiler. «Pago religiosamente cada mensualidad, nos echan a la calle y vamos a estar en peores condiciones que las que nos encontramos», apunta este vecino, de nacionalidad rumana y técnico en telecomunicaciones, que considera «injusto» el justiprecio y la cantidad a indemnizar porque «hay familias a las que les han dado más de 20.000 euros y me ofrecen 5.000 euros para que me marche», apostilla. Reside junto a su madre y sus dos perros en uno de los cuatro bloques afectados por el proceso expropiatorio incluido en el proyecto de la segunda fase para la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería y analiza que una vez que salga de la calle Ferrobús será hacia un futuro incierto: «El dinero de la indemnización no me va a llegar para hacer frente a los alquileres actuales», asegura Lucian.

Este vecino que vive desde hace 21 años en esta calle de la capital asegura que «los precios del alquiler rondan los 650 euros, eso el más barato, porque mínimo están rondando por 800 euros». Además, Lucian reconoce a este medio que su situación es, aún si cabe, «más difícil» porque junto a su madre convive con «dos perritos» que «no tienen acceso a según que vivienda».

«Me dan ganas de llorar»

Con este drama que está viviendo desde hace más de un año él y el resto de familias que no han aceptado la indemnización, Lucian insiste en que entiende «la magnitud de las obras que se están realizando, es un interés común y lo entiendo, pero es que nos están echando para dejarnos en unas condiciones aún peores».

Asimismo, confiesa que siente «estrés»por si entran a su vivienda «a desalojarlos de forma forzosa». Este vecino de la capital reitera a IDEAL que «me dan ganas de llorar cuando veo la sentencia» puesto que intenta salir adelante y luchar por mejorar su situación pero «parece imposible, para esta empresa no existimos, yo creo que ni nos miran a las familias».

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