Cada dos días desaparece una persona que viajaba en patera hacia la costa de Almería

El drama humanitario de la inmigración irregular se cobra más de una vida cada dos días de personas que deciden abandonar su hogar –y en muchas ocasiones a su familia– en busca de un futuro mejor. En los diez meses que han transcurrido este 2022, en la ruta entre Argelia y Almería, en el mar de Alborán, han fallecido o desaparecido 179 personas de todas las edades, según han precisado a IDEAL desde el Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

En una de las últimas tragedias, ocurrida el lunes, dos personas murieron ahogadas en la mar tras saltar de la patera en la que viajaban, supuestamente obligadas por el patrón de la infraembarcación, cuando trataba de llegar a la zona de Rambla Morales en la costa de Almería. El responsable de la embarcación se dio a la fuga tras tocar tierra.

Ante este constante drama que se vive tanto en la costa almeriense como en otros puntos del país, y con motivo del 34º aniversario de la llegada del primer cadáver de una persona que trataba de migrar a España, el 1 de noviembre de 1988, la Apdha presentó un documento de 'Medidas para un trato digno a las personas muertas y desaparecidas en los trayectos migratorios y a sus familiares'.

El informe con las medidas, que será enviado en los próximos días tanto al Defensor del Pueblo como al Gobierno de España y a responsables de grupos parlamentarios, es un paso más en la campaña 'Vidas Sin Rastro', que dicha asociación humanitaria viene desarrollando desde el pasado mes de mayo, momento en que las entidades enviaron al Defensor del Pueblo y al Gobierno un decálogo de exigencias.

«Es tal la odisea, el vacío legal y administrativo con el que se encuentran las familias y tan grande el sufrimiento y la impotencia que esta inexistencia de mecanismos provoca, que hemos preparado un programa específico con las medidas necesarias para un trato digno a las personas muertas y desaparecidas y sus familiares en la frontera sur», explican desde la asociación andaluza.

Nulo interés

El informe, al que ha tenido acceso IDEAL, pone de manifiesto el nulo interés de las instituciones y administraciones públicas por estas personas cuyo rastro se pierden en mitad de la mar.

«Cuando se testimonian desapariciones, las labores de búsqueda son limitadas o en ocasiones negadas. Algo similar ocurre con la aparición de personas fallecidas, las labores de identificación y repatriación de los cadáveres son también insuficientes. Todo ello se une a la falta de información, la opacidad y la dispersión o ausencia de fuentes fiables y coordinadas desde la Administración», indica en el texto la Apdha.

Además, aseguran que las personas que inician la búsqueda de sus familiares «se encuentran con demasiadas trabas y obstáculos y, en muchas ocasiones, las respuestas dependen más del trabajo altruista de activistas o de la buena voluntad de las personas involucradas en estos procesos».

Un pacto no vinculante

En este contexto recuerda la Apdha que en el año 2018 se aprobó un documento internacional, aunque con carácter no vinculante, que trata de forma directa a las personas desaparecidas o muertas sin identificar en el contexto migratorio, que es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En su objetivo 8, el pacto afirma que los Estados deben «hacer todo lo posible... para recuperar, identificar y repatriar a sus países de origen los restos de los migrantes fallecidos, respetando los deseos de sus familias» y «establecer cauces para la coordinación transnacional... y designar puntos de contacto para que las familias que busquen a migrantes desaparecidos puedan mantenerse al corriente del estado de la búsqueda».

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía incide en que «la falta de adaptación a las necesidades específicas de las personas desaparecidas y fallecidas sin identificar en frontera o en cualquier etapa de su periplo migratorio tiene un gran impacto en las familias de dichas personas».

«Los procedimientos de búsqueda e identificación dependen en la mayoría de los supuestos del impulso privado (salvo los vinculados a hechos delictivos), se exigen medios de prueba inalcanzables, existen barreras idiomáticas, desconocimiento de los procedimientos, falta de recursos económicos..., lo que implica que sea una quimera localizar a las personas desparecidas e identificar los cuerpos. Junto a las consecuencias emocionales y psicológicas, son numerosas las jurídicas y económicas que quedan en un limbo legal: herencias, estado civil, prestaciones de orfandad y viudedad...», añade.

«A pesar del número creciente de fallecimientos en la frontera sur, desde las autoridades estatales nada se ha hecho por proporcionar un trato adecuado, integral y digno a estas personas y a sus familias», indican los responsables de la organización. «Este programa de medidas es absolutamente necesario para cambiar la realidad que vienen sufriendo las personas migrantes y sus familiares desde hace más de tres décadas», concluyen.

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