El soterramiento, pendiente de resolución judicial por las expropiaciones de Ferrobús

Lucian tiene 47 años. Lleva 21 años, «casi la mitad de mi vida», según sus propias palabras, residiendo en una de las 40 viviendas de la calle Ferrobús, en la capital almeriense, que han sido expropiadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para poder llevar a cabo las obras del soterramiento, necesarias para la llegada de la Alta Velocidad y, con ella, del ansiado AVE.

El proceso se inició el 28 de abril de 2023 pero, un año después, aunque Adif ha llegado a acuerdos con 38 propietarios y abonó el importe íntegro de las viviendas, aún residen en ellas siete familias que lo hacían en régimen de alquiler. Se niegan a marcharse porque, dicen, el dinero de la indemnización no les llega para hacer frente a los alquileres actuales en otros puntos de la ciudad.

«En el barrio llevo 21 años, porque aquí el alquiler estaba muy bien y es lo que nos ha salvado de las repetidas crisis que hemos sufrido». Así lo ha explicado a IDEAL Lucian, de nacionalidad rumana, que reside «con mi madre y mis perritos» en uno de los cuatro bloques afectados por el proceso expropiatorio incluido en el proyecto de la segunda fase para la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería.

Y, como él, seis familias más, «una o dos familias por bloque», que han decidido poner el caso en manos de la Justicia para que determine qué va a ser de sus vidas tras los desalojos que llegarán más pronto que tarde.

«Adif no quiere negociar. Por eso, primero llevamos nosotros el caso a los tribunales, pero lo rechazaron, y ahora es Adif el que nos ha demandado», detalla apesadumbrado por su situación y la incertidumbre que se cierne sobre ellos. «No tenemos dónde ir y el Ayuntamiento también ha pasado de nosotros. No nos ha ofrecido nada y eso que hemos pedido que nos reciban, pero no nos han hecho caso», sostiene, a la espera de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Almería feche la vista ya que «todavía no hay fecha fijada para los juicios».

«Se tiran la pelota unos a otros y no quieren asumir sus responsabilidades porque no están para los ciudadanos», clama Lucian con acritud.

Cuatro de las siete familias demandadas han contratado a un abogado para que defienda sus derechos y pelee por lo que consideran una indemnización «más justa, que nos permita alquilar en otro lugar, porque según el peritaje, están en 700 o 800 euros, pero nosotros aquí pagábamos unos 200 o 220 euros de alquiler».

Las otras tres familias que también continúan viviendo en el barrio de los antiguos ferroviarios «están a la espera de que les asignen un abogado de oficio porque son muy vulnerables y no tienen para pagar uno». «Una familia es una mujer que está divorciada con tres niñas y sin ingresos; y otra tampoco tiene ingresos y tiene dos niños», relata.

Y mientras llega el momento del juicio, su día a día se ha vuelto un auténtico calvario. Día sí y día también tienen que vivir con las obras y alguna que otra desagradable sorpresa. La empresa adjudicataria de la ejecución del proyecto del soterramiento, Sacyr, hace ya unas semanas que comenzó a cavar donde se ubican los cuatro bloques de viviendas entre los tramos en obras de los casi dos kilómetros de longitud que tiene esta fase a lo largo de la carretera de Sierra Alhamilla.

«Nos han llegado a cortar la luz, tanto el cableado del barrio como el suministro de las viviendas, pero como pagamos nuestras facturas, reclamamos y en pocas horas tuvieron que venir de la compañía eléctrica para poner otro cableado. También nos han cerrado el acceso a las viviendas, aunque han tenido que habilitar una rampa de entrada y salida junto a la gasolinera. Lo que no nos quieren dar a nosotros, se lo están gastando con estas actuaciones», lamenta el inquilino de Ferrobús.

Presión y estrés

«Sabemos que es una forma de presionarnos. Han hecho un socavón muy grande, siempre hay mucho ruido y Adif sabe que estresa mucho. Tenemos mucha presión. Mi madre se piensa que nos vamos a quedar en la calle. No es que quisiera seguir viviendo ahí, pero tenía previsto hacerlo cuando pudiera. Es un barrio económico y, como el alquiler es bajo y el sueldo que tengo es el que es, me permitía tener un poquito de calidad de vida», confiesa.

«No pedimos cosas exageradas, sino nuestros derechos, porque con casi 21 años viviendo ahí me corresponden cinco años en alquileres», sostiene.

«No podemos ceder porque no tenemos dónde ir. Sabemos que es una obra pública y de interés general, pero lo que queremos es que no nos echen como si no fuéramos nadie», reclama con pesar. Por eso, concluye Lucian, «esperamos que el juez sea atento con la gente humilde, porque parece que ya no hay derechos y que solo son los que tienen dinero los que tienen derechos».