La Junta impugna en los tribunales 3.000 casas aprobadas en la capital

La Junta de Andalucía va a recurrir judicialmente al menos cuatro de los cinco planes parciales aprobados por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, en el Pleno Extraordinario que se celebró el pasado 19 de enero, sólo un día antes de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbana del Suelo de Andalucía (LOUA).

El delegado provincial de Obras Públicas, Luis Caparrós, afirma que dichos Planes «incumplen claramente la normativa andaluza», precisamente algo que se pretendía evitar anticipándose a su entrada en vigor. Desde el Ayuntamiento de Almería se justificó dicha decisión en el largo proceso de tramitaciones que se debe realizar para sacar adelante un Plan Parcial, ya que el comienzo de los mismos databan en algunos de los expedientes del año 2003.

Los Planes Parciales a los que se refieren los procesos judiciales iniciados se refieren a los sectores situados en la Vega de Acá, La Cañada y Los Ángeles. Precisamente, han sido varias las ocasiones en las que desde la Junta de Andalucía, y en concreto, desde la Delegación de Obras Públicas que dirige Caparrós, se ha destacado la intervención que se realizaría para obligar a los ayuntamientos a dedicar el 30 por ciento de las futuras viviendas a VPO, tal y como refleja la nueva LOUA.

Obstrucción

Para el concejal de Urbanismo de Almería, Juan Megino, se trata de una clara obstrucción, sobre todo, si tal y como ya se ha producido con el proyecto de las torres de Los Ángeles, existe un paralización cautelar, que pueda afectar a terceros, es decir, a propietarios o promotores de las iniciativas.

«No nos ha sorprendido», manifiesta el edil de Urbanismo ya que se trata de un estilo de trabajo «propio de la Junta de Andalucía», y un claro revés para la política urbanística del Ayuntamiento; por lo que incluso, Megino afirma que prefiere que se le quiten las competencias en materia de Urbanismo a las administraciones que que no se les deje trabajar.

No obstante, desde la Junta de Andalucía se insiste en que su decisión no persigue frenar el crecimiento urbanístico en Almería, sino velar para que éste no se haga «de espaldas a la ley, ni sirva de financiación al Ayuntamiento de la capital», por lo que instó a los responsables municipales a respetar las reglas de juego.

El concejal de Urbanismo no ha cifrado las potenciales viviendas que pueden verse afectadas por la medida, aunque pueden ser varios miles, más cuando los cinco Planes Parciales aprobados el pasado 19 de enero sumaban un total de 4.000.

Vuelve a surgir el debate sobre los plazos que se establecen desde la Junta de Andalucía para emitir los informes ( en concreto un mes) y la tardanza con la que normalmente son dirigidos hasta la administración local. Muchos de los informes que no han recibido el visto bueno, no llegaron a tiempo e incluso, llegaron años después de su tramitación, según insiste el Ayuntamiento.

Además, no se trata de informes vinculantes, tal y como señala la propia Ley Urbanística de Andalucía, sino que se trata de documentos preceptivos con los que la Junta de Andalucía analiza la pertinencia de realizar los planeamientos, de los que son responsables los ayuntamientos.

Otros procesos

El camino de la Botica, en la barriada de Retamar, o la compensación de la gestión realizada por la Empresa del Suelo de Andalucía (EPSA) con la parcelación y venta de parcelas en El Toyo son aspectos que tienen enfrentados a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la capital en los tribunales. A ello se suma, según recuerda el concejal de Urbanismo, el intento de revocar la decisión municipal de recuperar el 18 de Julio, que no ha sido admitida por parte del tribunal de los Contencioso número 2 de Almería.

En Retamar, el enfrentamiento se produce con el cambio de clasificación de un suelo destinado a unifamiliares a plurifamiliares con una planta más de la inicialmente prevista. También cuenta con el informe desfavorable de la Junta de Andalucía, en la que se indica la necesidad de incluir para ello una modificación del PGOU.