El Ayuntamiento de Níjar reconoce que recibió 13 demandas de auxilio días antes del derribo de las chabolas de El Uno

La actuación del Ayuntamiento deNíjar en todo lo relativo al desalojo por orden judicial del asentamiento del Cortijo El Uno, ejecutado este martes, ha sido duramente criticada desde las organizaciones sociales que trabajan en el territorio con la población extranjera. Justificándose en que se trataba de un «lanzamiento judicial» promovido por un particular, propietario de la finca, el Consistorio se ha mantenido al margen en todo momento.

Este martes, tras el desahucio, IDEAL ALMERÍA contactó con el Ayuntamiento nijareño para confirmar si Servicios Sociales había realizado algún tipo de intervención con las personas desahuciadas. Fuentes municipales indicaron, como se publicó en la edición de ayer, que «durante la semana y la jornada de hoy (por el martes)» habían estado «preparados por si alguna familia precisaba atención». Sin embargo, indicaron que no se había personado «ningún morador del cortijo» sino que «todos se han buscado alternativas, incluidas las familias».

Sin embargo, 24 horas después del desalojo y la consulta, las mismas fuentes confirmaron que el pasado viernes se recibió en Servicios Sociales «una instancia con 13 firmas, entre las cuales había alguna persona española» demandando auxilio con urgencia para las personas que iban quedarse sin vivienda. Por otro lado, desmienten que, en fechas anteriores al desahucio, se presentaran otros 25 posibles casos para analizar la situación de vulnerabilidad, como aseguró Almería Acoge.

En todo caso, estos informes no evitaron un posible retraso del desalojo mientras se analizaba la situación de vulnerabilidad, como demandaban las oenegés. Tampoco el Ayuntamiento tuvo que buscar recursos habitacionales alterativos para estas personas, algunas de las cuales, entre ellas dos mujeres, no tuvieron claro su destino temporal hasta última hora de la tarde.

Cabe recordar que en este asentamiento residían unas 50 personas, entre ellas nueve menores de edad, que han llegado incluso a abandonar la provincia de Almería y, con ello, sus trabajos, para instalarse con familiares ante la imposibilidad de encontrar vivienda.

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