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Llegó el momento y ya nadie espera un movimiento que impida que alrededor de medio centenar de personas, entre ellas casi una decena de menores de edad, se queden sin el precario techo que les ha cobijado hasta ahora. El poblado de infraviviendas ubicado en el Cortijo El Uno de Níjar está llamado esta mañana a ser desalojado y derribado por orden judicial. En este lugar, según las cuentas de las oenegés que trabajan en el territorio, reside alrededor de medio centenar de personas, entre las que se cuentan nueve menores de edad.
Desde que se recibió el aviso judicial, una familia con niños se ha marchado a la cercana Región de Murcia, mientras que el resto de moradores del asentamiento no tenían claro, al cierre de esta edición, lo que iba a ser de ellos.
«Estamos haciendo entrevistas para ver si podemos darles alojamiento», contaba ayer por la mañana a IDEAL ALMERÍA Juan Miralles, desde Almería Acoge, que únicamente cuenta en la actualidad con ocho plazas en sus instalaciones de Níjar para cobijar a las personas que se queden sin hogar a partir del derribo de este poblado. Entienden, eso sí, que el procedimiento judicial se ha realizado de la forma correcta y señalan al Ayuntamiento de perpetrar un «ataque contra la convivencia y la democracia» por no intervenir debido a que se trata de una propiedad privada.
En similares circunstancias se encuentran otras organizaciones que disponen de estancias y alojamientos para extranjeros, principalmente trabajadores del sector agrícola, en el entorno.
Este fin de semana, el Secretariado Diocesano para las Migraciones de Almería, apoyado por diferentes entidades de la Iglesia Católica en la provincia –Cáritas diocesana de Almería, Hermanas Mercedarias de la Caridad de San Isidro de Níjar, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-Almería, Confer de Almería y Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)-Almería–, ha manifestado a través de un comunicado su «solidaridad con las personas residentes en el cortijo El Uno».
La forma en la que se va a proceder al desalojo, para este órgano, «pisotea su dignidad y vulnera sus derechos». Así, los colectivos firmantes muestran «su repulsa ante el atropello de derechos que supone esta actuación» así como su «sorpresa» e «indignación» por la «falta de sensibilidad» y «ausencia de respuesta mostrada por las Administraciones públicas en este caso.
Sobre este aspecto concreto, consultado ayer el Ayuntamiento de Níjar sobre si se ha intervenido para buscar alternativas habitacionales a los desalojados, indicaron fuentes municipales que no se han tomado medidas de este tipo al no ser el Consistorio el que ha iniciado este proceso sino un particular y que solo una petición judicial les llevaría a tomar parte en el procedimiento.
Desde la Junta de Andalucía, por su parte, incidieron ayer en que «la mayoría de competencias en materia de inmigración corresponden al Gobierno de España, aunque es cierto que también tienen competencias los ayuntamientos». «Trabajamos en lo que es nuestra función, destinando más de 1,2 millones a oenegés para proyectos dirigidos a realizar actuaciones para mejorar la vida de las personas en asentamientos chabolistas atendiendo necesidades básicas y urgentes», trasladaron desde la Administración autonómica preguntada por este caso.
«Vivienda digna»
Incide el Secretariado Diocesano en su comunicado en que «todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» en base a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, haciendo hincapié en su «exigencia de que no haya más desalojos sin realojo». «Sólo se puede pretender la erradicación del chabolismo si se facilita el acceso real a una vivienda digna y adecuada», apostilla el documento difundido en los días previos a la actuación.
Valoran positivamente, eso sí, la postura del Defensor del Pueblo Andaluz «para defender los derechos humanos» y destacan su apoyo al equipo del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería y otras entidades ajenas al Secretariado a la hora de «servir y defender a las personas vulneradas en sus derechos».
Defienden el «trabajo en red» que realizan junto a «las demás entidades sociales (especialmente la Mesa del Tercer Sector de Níjar), con la iniciativa privada empresarial y con las administraciones públicas, exigiendo que siempre y de forma prioritaria se ponga en el centro la persona, su dignidad y sus derechos».
Dada su pertenencia a la Iglesia Católica, también abundan en las palabras de Jesús de Nazaret, quien «no tuvo donde reclinar la cabeza» (Lc 9,58), que se identifica personalmente con quienes son despojados de su vivienda.
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