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La provincia de Almería cuenta, en la actualidad, con más de 140 proyectos de megaplantas de energías renovables. Un dato que, a priori, debería agradar a los colectivos ecologistas y satisfacer los objetivos que defienden. Nada más lejos de la realidad, la alarma ante la ... llegada de grandes industrias energéticas a tierras prácticamente vírgenes de la geografía almeriense les ha llevado a unirse para lanzar un SOS sobre los daños irreparables que su proliferación, sin consenso ni concierto, pueden producir en este territorio del Sureste español, así como en las especies animales y vegetales que lo habitan.
Según alertan, hay 'plantaciones verdes' proyectadas por toda la provincia que se concentran en algunas de las zonas más valiosas desde el punto de vista ambiental y patrimonial de Almería, como es el caso de la zona del Campo de Tabernas y la de Lucainena de las Torres, donde los macroproyectos fotovoltaicos amenazan con destruir el paisaje que sirve de sustento a actividades respetuosas con el entorno o, como en el caso de la eólica marina de Mar de Ágata, cerca del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y de la Reserva de la Biosfera, que contribuiría a aumentar la pérdida de naturalidad de este espacio, además de los proyectos fotovoltaicos en los alrededores del yacimiento arqueológico de Los Millares, que está en trámite de ser declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
En concreto, según advierten desde la plataforma Alianza Energía y Territorio -Aliente-, que aglutina a medio centenar de colectivos y profesionales científicos de universidades españolas y centros de investigación, las más de 140 plantas fotovoltaicas y eólicas instaladas y proyectadas en el territorio almeriense ocuparán, al menos, 45.000 hectáreas. Y, solo en el Campo de Tabernas, la potencia fotovoltaica proyectada en esta comarca «es equivalente al 5,4% de la planeada en toda España para el año 2030».
Así lo aseguró ayer el portavoz estatal de Aliente, Luis Bolonio, en una rueda de prensa celebrada en la capital almeriense para anunciar la manifestación que tendrá lugar el 2 de marzo bajo el lema 'Renovables sí, pero no así'. Una convocatoria que partirá a las 17.30 horas desde el Parque de las Almadrabillas hasta la zona de El Palmeral, en El Zapillo, para rechazar el desarrollo de renovables «a gran escala, sin planificación, ordenación, ni participación ciudadana».
Desarrollo desordenado
El objetivo de la iniciativa es, no en vano, llamar la atención sobre el desarrollo desordenado de estas instalaciones de energía verde que, sin embargo, pueden causar severos daños en el ecosistema donde se instalen; máxime, si lo hacen sin tener una planificación global en el territorio provincial.
«Apoyamos la necesidad de hacer la transición a energías renovables debido a la emergencia climática a la que nos enfrentamos», señaló ayer Luis Bolonio, pero, advirtió: «Queremos un modelo energético realmente sostenible basado en el ahorro, la eficiencia energética y el autoconsumo, con respeto a los territorios, las economías locales y la biodiversidad, que beneficie a las personas y no, otra vez, a las grandes empresas».
Y es que, tal y como trasladó en la rueda de prensa, lo que está ocurriendo en Almería es solo un ejemplo de cómo la implantación de las infraestructuras para generar energías renovables, a priori beneficiosas para el medio ambiente, está afectando a casi toda España puesto que ni el Gobierno central ni el autonómico «están planificando ni atendiendo a las necesidades reales de los territorios a nivel demográfico, energético y medioambiental».
Es más, denunció públicamente, la Administración está optado por un modelo llamado «centralizado» consistente en «gigantescas plantas eólicas y fotovoltaicas» que lo único que están haciendo es «amenazar nuestra provincia y convertir los territorios de nuestros pueblos y mares en 'zonas de sacrificio'».
Todo ello, abundó Bolonio, unido a «prácticas fraudulentas con engañosos y abusivos contratos de arrendamiento, la fragmentación de proyectos o el recurso a una ley del sector eléctrico que permite la expropiación por utilidad pública, cuando el beneficio es para unos pocos».
Para el representante estatal de Aliente, la expansión masiva y desordenada de energías renovables supone «la ocupación de miles de hectáreas con plantas solares, eólicas, estaciones eléctricas y líneas de evacuación» que, en la mayoría de los casos, «afectan a áreas de alto valor ecológico, agrícola, cinegético, paisajístico, social y cultural» que, en ocasiones, son además «hábitat y refugio de especies de flora y fauna exclusivas de nuestra geografía» y que se están viendo «seriamente amenazadas».
Es por ello que apostó por que los suelos que acojan estas grandes instalaciones sean seleccionados de forma «rigurosa, científica, planificada por las distintas administraciones y consensuada con los agentes sociales del territorio»; y no, «dejando nuestros campos, mares y la naturaleza en manos de la voracidad del mercado».
Perjuicios
Según explicó el portavoz estatal de la plataforma que aglutina a colectivos y científicos de todo el país, el desarrollo, así, de estas plantas industriales fotovoltaicas y eólicas puede, entre otros daños, destruir el suelo; alterar el funcionamiento hidrogeológico, disminuyendo la infiltración de agua en los acuíferos; ocupar mucha extensión de terreno destruyendo biodiversidad, al producir fragmentación y pérdida de hábitat; aumentar la temperatura del aire, alterando el equilibrio de los procesos hídricos y climáticos; disminuir la capacidad de absorción de CO2 del suelo al disminuir la capacidad fotosintética; provocar mortalidad de avifauna, cetáceos, peces y murciélagos, así como la destrucción y fragmentación de su hábitat.
Todo ello, además de suponer una importante alteración del paisaje, la ocupación y destrucción de suelo agrícola y de zonas pesqueras, poniendo en riesgo los recursos naturales y económicos de las zonas rurales, además de comprometer la soberanía alimentaria, destruir el patrimonio histórico y arqueológico y los recursos económicos asociados, y perjudicar la actividad turística sostenible, ligada a valores naturales, patrimoniales y los productos alimentarios de calidad.
Tabernas y Lucainena
Ana Zamora y Sara González, de la Plataforma Salvemos el Campo de Tabernas, alertaron en este sentido de la pérdida de suelo cultivable, los daños para el turismo rural y la despoblación que conllevan este tipo de proyectos. Recordó, en este sentido, Valeria Benassi, de la Plataforma para la Protección del Valle y la Vía Verde de Lucainena de las Torres, que localidades como esta han sufrido en los últimos años una evidente repoblación gracias al florecimiento de su turismo sostenible y el encanto de un municipio considerado de los pueblos más bonitos de España por un patrimonio natural que está siendo duramente sacrificado.
Y, para más inri, aseguró Bolonio, estas instalaciones industriales «apenas crean puestos de trabajo estables después de su construcción» aunque sí los destruyen en el sector agropecuario, pesquero y turístico, «lo que ahondará aún más los graves problemas de despoblación, envejecimiento y falta de cohesión comunitaria que sufre la provincia Almería».
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