El reinicio del macrojuicio de Poniente queda fijado para el 12 de enero de 2021

La providencia de la Sección Tercera señala entre el 12 de enero y el 18 de marzo el interrogatorio a los procesados en 26 sesiones alternas que incluyen febrero, y los cita a las 10,00 horas en sede judicial.

Entre los acusados figuran, entre otros y hasta un total de , el exalcalde del municipio Juan Enciso y el exinterventor municipal José Alemán, además de empresarios como José Antonio Amate, Juan Antonio Galán o Jesús Aragón, que dan, junto a Abengoa, nombre a los grupos de empresas en los que se divide la presunta trama de sobrefracturación.

Para la declaración de los testigos se han señalado 13 sesiones que se distribuyen entre el 22 de marzo y el 20 de abril, mientras que la práctica de la prueba pericial se extenderá entre los días 21 de abril y 3 de mayo, en cinco jornadas.

La providencia, notificada a las partes el 14 de julio, fija un único día para la documental, el día 8 de mayo, y marca el inicio de las conclusiones e informes para el día 10 de mayo con diez sesiones durante dos semanas seguidas y que está previsto concluyan el 17 de junio.

En la misma resolución, el tribunal insta a la Presidencia de la Audiencia Provincial a que informe del calendario al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que nombre un magistrado que «complete la sala» en los demás señalamientos que tiene fijados la sección y que coinciden con el discurrir del macrojuicio del caso 'Poniente' e interesa que se adopten «todas las medidas y refuerzos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del tribunal y de su densa agenda».

La Sección Tercera pide que se comunique, asimismo, el calendario a la Junta de Andalucía para que acondicione la sala de vistas e implante los medios materiales para la celebración del juicio. Fuentes del TSJA han indicado a Europa Press que ambas cuestiones «aún no están resueltas» si bien el delegado territorial de Justicia, José Luis Delgado, anunció en julio que barajaban como sede del juicio bien en el Palacio de Congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar, o bien en el Palacio de Congresos de El Toyo en la capital,

Cabe recordar que el tribunal que preside la magistrada Társila Martínez decidió suspender en mayo todas las sesiones señaladas de las que ya se han celebrado las reservadas a cuestiones para fijar un nuevo calendario ya que la sala del Palacio de Justicia de Almería en el que se había estado celebrando la vista hasta la declaración del estado de alarma «no reúne las condiciones» ante el covid-19 y no contaba con un emplazamiento alternativo.

Tras el trámite de cuestiones previas, la Fiscalía Anticorrupción retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito y ha acordado rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, que solicitaba para los principales acusados.

El Ministerio Público, que estimó parcialmente «por justificadas» las alegaciones realizadas por las defensas, mantuvo, no obstante, los delitos fiscales que imputa respecto a los ejercicios entre 2006 y 2009 ya que señaló que la prescripción quedaría «interrumpida» por una providencia del juzgado instructor de 2011 por la que las «partes tuvieron suficiente información» como para «pensar que la investigación también iba dirigida contra ellos también por delito fiscal».

Tras las modificaciones introducidas en su escrito de calificación provisional y desgranadas en sala, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el ex interventor municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 40 años de cárcel frente a los 64 años de prisión solicitados inicialmente al tiempo que ven rebajada la cuantía de las multas de 49 a 23,2 millones de euros.

En total, se les atribuye la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.

En el caso del empresario sevillano José Amate, que da nombre a uno de los grupos en los que la Fiscalía Anticorrupción divide la presunta trama corrupta, las penas de prisión suman 37 años de cárcel frente a los 97 años a los que se enfrentaba inicialmente mientras que las multas pasan de 65,9 millones a 29,2 millones de euros.

Para José Antonio Galán, empresario madrileño responsable de varias de las mercantiles que subcontrataban de manera supuestamente fraudulenta con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada como eje sobre el que giraba la presunta trama que saqueó las arcas locales de El Ejido, se interesan 94 años de cárcel frente a los 174 solicitados inicialmente y multas por valor de 22 millones de euros frente a los 42 millones de euros recogidos en el escrito provisional de acusación fiscal.

En el caso del empresario Jesús Aragón, la rebaja es notable al pasar de 85 a 21 años de cárcel mientras que la petición de multa queda en 500.000 euros frente a los 43,2 millones de euros a los que se enfrentaba inicialmente, mientras que para el también empresario Ambrosio Cuevas se pasa de 73 a 25 años de cárcel y de 42,5 a 1,5 millones de euros.

Especialmente significativa es la situación en la que ha quedado tras la retirada de la acusación por delitos fiscales la acusada Isabel Carrasco, esposa de José Alemán. Frente a los 85 años de cárcel a los que se enfrentaba provisionalmente, la Fiscalía Anticorrupción le pide ahora nueve años de prisión. No se le pide pena de multa pese a que en el escrito de calificación provisional se solicitaba un montante total de 19 millones de euros.

La presunta trama en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, habría detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009.

La acusación que el Ministerio Público indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó «orquestando la creación» de una red de sociedades que se dedicaban a «subcontratar» con la empresa mixta Elsur con «una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública».

La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la presunta trama para «aprovechamiento ilícito» al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con «sobrefacturación», todo ello, según remarca, «con la connivencia» del exalcalde y del exinterventor municipal.

Calcula que el grupo de empresas controlado por Amate sobrefacturó 24,7 millones de euros, habiendo obtenido un beneficio del 53,49 mientras, el grupo empresarial vinculado a Galán sobrefacturó presuntamente a Elsur 15,6 millones de euros, «habiendo obtenido un porcentaje de beneficio del 48,21 por ciento con incremento artificial de precios».

Asimismo, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo con un entramado de sociedades una «sobrefacturación por gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento» que tenían como única finalidad el «apoderamiento ilícito» de fondos públicos «incrementando de esta manera los costes de Elsur para así justificar ante el Ayuntamiento».