Junta y agricultores pactan un frente común ante el último reparto de la PAC

La Consejería de Agricultura ha conseguido cerrar un frente común con las organizaciones agrarias en el último tramo de la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC). De este modo, Andalucía planteará con una sola voz una batería de peticiones al Ministerio para que se modifique el reparto entre las comunidades, que debe estar acordado antes del 31 de julio.

El acuerdo ha sido firmado por la titular de Agricultura, Elena Víboras, y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, Coag y UPA, y las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía (antigua Faeca), que consensuaron tras la Mesa de Interlocución celebrada el miércoles una serie de acuerdos concretos para que el sector quede mejor posicionado de cara a conseguir las ayudas europeas. Víboras espera que se trate en la conferencia sectorial del próximo martes.

Los representantes de los agricultores y la administración autonómica piden a Madrid que modifique determinados aspectos del diseño de las ayudas asociadas, para mantener los niveles actuales de producción y evitar el abandono de sectores agrícolas con dificultad, asociados a zonas rurales en las que no existe actividad alternativa.

En concreto, se propone una ayuda base por hectárea del 80% con una prima adicional del 20% para la remolacha azucarera de siembra otoñal, debido a su menor rentabilidad. También se pide este régimen para sectores como el tomate de transformación o el arroz.

En cuanto al vacuno de leche, se reclama una prima base del 80% y una prima adicional del 20% para aquellas zonas con limitaciones naturales, debido al riesgo de abandono y a la vulnerabilidad por la finalización de las cuotas lácteas. El Gobierno contempla sólo zonas de montaña, lo que perjudica a Andalucía.

Para el vacuno de engorde, se propone el incremento de la prima a los terneros cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios al 40% del presupuesto, en vez del 20% actual.

Otro de los aspectos en los que se ha alcanzado un acuerdo para elevar una petición común al Ministerio ha sido el modelo de regionalización aplicable en España, una cuestión técnica pero efectiva. Se pide que la horquilla de estratos existente se eleve a 24, el máximo acordado en la Conferencia Sectorial de enero de 2014 y permitido por la UE, y que el rango de los últimos estratos sea menor.

Asimismo, se pide al Ministerio que no se simplifique el número de comarcas y que se incorporen excepcionalidades para evitar daños irreparables para algunos sistemas productivos.

Antonio Conde, representante de Asaja, dijo que se va con «espíritu constructivo» y que «hay margen para el acuerdo», mientras que mostró su discrepancia con la cifra del 18,64% de recorte total de las ayudas que ha estimado Elena Víboras. De esta cifra atribuye un 8,64 al recorte estructural, «que afecta a toda España y sustituye al 10% que se aplicaba por la modulación, de modo que puede darse un 1,36% en positivo». Tampoco puede imputarse un 6% a ayudas asociadas, porque no se sabe el retorno que tendrán, dijo, ni se puede rechazar que se retraiga un 2% para jóvenes agricultores, para el relevo generacional, de modo que sólo podría hablarse de un recorte del 1,65%, indicó Conde.