Alaya insinúa financiación ilegal del PSOE y éste presenta una queja al Poder Judicial

La jueza Mercedes Alaya ha dado un giro inesperado a la investigación que realiza sobre un presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación al empleo de la Junta de Andalucía. En el interrogatorio que realiza al testigo Teodoro Montes insinuó la posible financiación ilegal del PSOE con dichos fondos, lo que ha desconcertado a las partes porque no hay denuncia al respecto y la investigación apenas ha empezado. El PSOE presentará una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la magistrada del número 6 de Sevilla al «dar a entender que dicho juzgado desarrolla una investigación sobre financiación ilegal del PSOE, que no existe» y que causa «un daño grave e injustificado» a la imagen y reputación del partido.

Alaya preguntó a Montes si creía que la extinta Faffe (Fundación Andaluza para el Fondo de Formación y Empleo) «financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucía», según relataron fuentes del caso. El testigo, un funcionario con la obligación de supervisar cursos de formación, respondió como era de esperar que no puede contestar a esa pregunta, pero que le asaltaban «numerosas dudas».

El testigo justifica estas porque dice que la fundación acogía a antiguos cargos del PSOE, concejales, alcaldes y familiares directos de cargos socialistas. A continuación, Alaya pregunta al testigo si conoce la existencia «de alguna otra fundación afín al PSOE», que haya recibido «este trato privilegiado». El funcionario responde que muchas, tanto públicas como privadas.

Que Alaya centrara sus pesquisas en la Faffe era de esperar. La Cámara de Cuentas primero y la Fiscalía después han denunciado graves irregularidades en su gestión de los cursos de formación para el empleo, de modo que hay 49 millones de euros destinados a ello en los años 2009 a 2010 sin justificar. La Faffe dependía de la Consejería de Empleo y quedó disuelta en 2011, pasando su personal laboral fijo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la misma consejería.

PP y también IU han denunciado en reiteradas ocasiones enchufismo de socialistas en la extinta fundación, pero de ahí a relacionarlo con financiación ilegal del PSOE nunca se han atrevido. Tampoco la jueza, hasta ahora. Las partes personadas quedaron sorprendidas porque abordara de forma tan clara una supuesta financiación del PSOE encubierta en una pregunta, ya que se trata de la imputación de un delito grave y parecía fuera de contexto.

La primera vez

Es la primera vez que Alaya hace una insinuación en este sentido en las investigaciones que sigue de otros asuntos relacionados con la Junta. Nunca en los cuatro años de investigación de los ERE ha manifestado algo así, como tampoco en los casos Mercasevilla, pese a que en todos ellos ha imputado a numerosos cargos del PSOE.

En el caso de los ERE el imputado Eduard Pascual vinculó al PSOE y PSC con tráfico de influencias y financiación ilegal con las ayudas a las aseguradoras, pero tampoco en este caso Alaya hizo ninguna insinuación al respecto.

El PSOE no tardó en responder y comunicó este lunes tarde una queja al órgano de gobierno de los jueces contra Alaya por intentar vincular «sin fundamento alguno, el caso de los cursos de formación con una presunta financiación del PSOE».

Réplica socialista

El PSOE hace constar que en el sumario de este caso «no figura ninguna denuncia ni tan siquiera una alusión a esta presunta financiación». Añade que la pregunta a Montes «encierra una insinuación carente de todo fundamento y acarrea un daño grave e injustificado a la reputación e imagen pública del partido, al dar a entender que dicho juzgado desarrolla una investigación sobre financiación ilegal del PSOE, que no existe».

Montes afrontaba este lunes su sexto día de declaraciones y tocaba el turno a los abogados de la defensa de los dos imputados hasta ahora, los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda. En la anterior jornada, la del viernes, el letrado de la Junta, que ejerce la acusación, hizo contar al testigo que fue alguien del juzgado de Alaya quien le envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para denunciar irregularidades y también que está imputado por el juzgado de Coria del Río (Sevilla) en relación a un curso de formación.

Esta declaración puede haber puesto en jaque las pesquisas de Alaya y sobre todo ha planteado dudas sobre la competencia de la magistrada para aglutinar toda la investigación de los cursos de formación, dispersa en 18 diligencias. Ni Fiscalía ni el abogado de la Junta ha pedido por ahora la nulidad de la declaración.