La Fiscalía es partidaria de que el Supremo investigue a Chaves, Griñán, Zarrías, Viera y Moreno

La Fiscalía del Tribunal Supremo sugiere dividir la investigación relativa a los nueve aforados del caso ERE entre este órgano judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así lo ha sugerido hoy en respuesta a la petición de la Sala Penal del alto tribunal sobre si es competente para investigar a los aforados según la propuesta de imputación realizada en su exposición razonada por la jueza instructora, Mercedes Alaya, de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías, María del Mar Moreno, José Antonio Viera, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Ávila.

El informe de la Fiscalía se refiere solo a la competencia del Tribunal Supremo, por lo que no analiza el fondo del procedimiento, según la nota emitida este mediodía por el Ministerio Público. Es decir, no entra a señalar si el alto tribunal debe o no imputar a los aforados. El fiscal es partidario de que el Supremo asuma la investigación de la causa solo en lo que afecta a los aforados nacionales Chaves, Viera y Zarrías, en su calidad de diputados, y Griñán y Mar Moreno, por ser senadores.

Reitera así la postura expresada en varias ocasiones por la Fiscalía Anticorrupción a la juez instructora sobre la conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, ya que la conducta de los aforados pueden ser analizadas de forma separada.

Para la Fiscalía, la causa es escindible, por lo que nada impide que el TSJA asuma la investigación de los aforados autonómicos. Esta sería la única forma, según el Ministerio Público, de terminar este procedimiento en un plazo razonable de tiempo.

La Sala de lo Penal del Supremo deberá ahora pronunciarse sobre si admite a trámite la exposición razonada de Alaya de más de 500 folios remitida el pasado agosto y en la que señala que los citados pueden estar involucrados en la implantación de un sistema ilegal en la concesión de ayudas sociolaborales que se concedieron desde 2000 a 2012. Alaya calcula que se otorgaron 850 millones de euros de forma ilegal, lo que provocó un fraude en sobrecomisones, ayudas a empresas sin justificar y prejubilaciones falsas que aún no ha estimado. Alaya, que ha seguido instruyendo el caso ERE, ha imputado ya a 229 personas, entre ellos una cuarentena de excargos socialistas no aforados.