Después de conocer casos que afectan a partidos, políticos, sindicatos o empresarios, lo dramático de la 'operación Enredadera' es que gran parte de los investigados por la jueza son trabajadores o funcionarios al servicio de sus respectivas administraciones públicas
Eduardo Peralta
Domingo, 16 de noviembre 2014, 16:07
Esta semana tampoco podía acabar sin que supiéramos de otro caso de corrupción. La conocida jueza Mercedes Alaya desarrollaba la llamada operación Enredadera, continuación de otra anterior denominada Madeja, en la que fueron detenidas 32 personas en trece provincias, la mayoría de ellas funcionarios o trabajadores de empresas públicas, como Adif, la gestora de las obras ferroviarias en este país, e incluso un concejal popular. Se trata, presuntamente, de una «trama criminal» que amañaba contratos, trabajos o servicios en diversos tipos de administraciones públicas en beneficio de una empresa que entregaba dádivas, regalos o dinero directamente a estos empleados.
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