La decisión del Supremo sobre Chaves y Griñán interferirá en la agenda electoral

Este será el año en el que el Tribunal Supremo dirima sobre el futuro procesal y político de los dos últimos expresidentes de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El alto tribunal deberá pronunciarse sobre la exposición razonada remitida por la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, que implica a ambos por supuestos delitos de prevaricación y malversación como responsables de un sistema de ayudas a empresas en crisis que la jueza considera ilegal y caldo de cultivo del fraude detectado en la Consejería de Empleo durante los años 2001 a 2010. Lo que decida, tanto si imputa a los expresidentes como si archiva la causa, interferirá en la agenda política de los partidos andaluces.

Al estrenar el año el juez instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, aún no ha citado a declarar a ninguno de los dos expresidentes y tampoco a los tres exconsejeros aforados que dependen del Supremo, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Todos ellos, que se han personado en la causa, han pedido comparecer de forma voluntaria como parte de la misma. Está por ver si el instructor los cita atendiendo a esta petición o por el procedimiento habitual de la imputación, para lo cual tendría que pedir primero suplicatorios al Congreso y al Senado.

Posible dimisión

Será trascendente cómo saldrán de la declaración, ya que de resultar imputados con acusación de delitos (aunque ninguno puede ser de enriquecimiento personal, sino por el supuesto conocimiento y autorización de procedimientos administrativos ilegales, según la teoría de la jueza) se verían en la tesitura de presentar la dimisión como diputado (en el caso de Chaves) y como senador (en el de Griñán).

Así se lo pedirá la secretaria del PSOE andaluz y presidenta de la Junta, Susana Díaz, según ella misma dejó dicho en unas declaraciones el pasado mes de noviembre no exentas de polémica y crítica por parte de sectores socialistas.

Aunque en el PSOE confían en que los presidentes andaluces nunca lleguen a ir al banquillo de los acusados por el caso de los ERE, solo la imputación supondrá un nuevo varapalo a la credibilidad de los ciudadanos en este partido. Las fechas son además críticas. Se entra en año electoral y todos los líderes adversarios del PSOE y de Susana Díaz, los actuales y los que están por venir (caso de Podemos), utilizarán lo que concierne a este asunto como arma arrojadiza contra un partido que gobierna en Andalucía desde hace 32 años. Si se produce lo contrario, si es archivada la causa contra ellos, los expresidentes salvarán su honor político, pero Susana Díaz también tendrá un balón de oxígeno prodigioso.

Esta posibilidad cobra cuerpo según algunas fuentes jurídicas. Una de las lecturas que se hacen de la última petición de Mercedes Alaya de información de las transferencias de financiación de todas las empresas públicas de la Junta y los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre ello es que la magistrada intenta amarrar la acusación vertida en su exposición razonada sobre los expresidentes andaluces.

Al margen de la causa en el Supremo y la que venga en el Tribunal Superior Judicial de Andalucía (TSJA) contra los aforados que son diputados andaluces, Mercedes Alaya parece que ya cerrará este año su parte del caso. Habrán transcurrido cuatro años de instrucción de un sumario que acumula 220 imputados.

Pero también sobre la magistrada más famosa de Andalucía pende la incertidumbre. Alaya podrá subir un escalón en su carrera al haber solicitado una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla. Cabe la posibilidad, pero nada ha trascendido, de que una vez obtenida la plaza pida un aplazamiento con la finalidad de cerrar la causa de los ERE y alguna otra. Recordemos que Alaya también investiga el 'caso Betis', los cursos de formación y el 'caso Madeja' sobre presuntos delitos de cohecho de funcionarios de varias administraciones, entre otras causas llevadas en su juzgado.