MARÍA DOLORES TORTOSA
Jueves, 19 de febrero 2015, 00:58
El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, tuvo que salir ayer a poner fin a la fuerte polémica entre los partidos sobre la imputación de José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Lesmes manifestó que la imputación de los expresidentes de la Junta por el caso de los ERE «no significa nada» y es solo «un trámite» necesario para declarar ante el juez instructor, algo que Chaves, Griñán y los exconsejeros aforados, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera, pidieron hacer de forma voluntaria el pasado noviembre. «No pueden ir a declarar en otra condición que no sea la de imputado», aclaró Lesmes.
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El magistrado dio un balón de oxígeno a los socialistas que ayer se vieron acorralados por una ráfaga de críticas dirigidas no tanto al hecho de que los expresidentes hayan sido imputados, sino a que Susana Díaz y Pedro Sánchez no mantuvieran su palabra de obligarles a dimitir como diputado y senador por ello como habían anunciado.
El juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, ha citado a declarar a los expresidentes y a los exconsejeros aforados en la segunda semana de abril en calidad de imputados mediante una providencia en la que no indica nada más. Es decir, no dice si son investigados o no de algún delito. A esto se agarra el PSOE para sostener que no ha lugar que Chaves y Griñán dejen el escaño, ya que tanto Díaz como Sánchez ya matizaron en su día (primera semana de noviembre) de que se les reclamará las actas de diputado sin son acusados de un delito, algo que sostienen aún no ha ocurrido.
La oposición del PSOE en Andalucía vociferó en contra de esta teoría y pidió la dimisión de Chaves y Griñán. El PP trasladó a las redes sociales esta petición como un clamor pese a que su código ético establece el listón de responsabilidades para sus cargos con la apertura del juicio oral. El presidente del PP-A, Juanma Moreno, reiteró ayer que Chaves y Griñán deben dimitir solo por «ética y moral». Mientras el coordinador de IU, Antonio Maíllo, también pidió la dimisión.
Ratificarse
La presión por lo que todos los partidos salvo el PSOE llama falta de coherencia forzó a los dirigentes regional y federal del PSOE, Díaz y Sánchez, a ratificarse en que Chaves y Griñán serán expulsados si son imputados de un delito concreto. «No me voy a mover ni un milímetro», reiteró la presidenta andaluza.
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En la refriega han intervenido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, que es fiscal de profesión. Catalá dijo que los expresidentes andaluces han sido llamados a declarar como imputados «por la supuesta comisión de unos delitos», que son los que la jueza Alaya señala en la exposición razonada, los de prevaricación y malversación. «A nadie se le llama a declarar como imputado sin delito concreto», afirmó.
El consejero andaluz le replicó: «Me apena que el ministro tenga tan poca cultura jurídico procesal. Está engañando a la gente».
El titular de Justicia dijo que el problema que se han encontrado Chaves y Griñán se debe al excesivo afán justiciero del PSOE. «La mera imputación no es sinónimo de culpabilidad», pero el PSOE «fue dos pasos por delante» al empeñarse en que esa condición judicial fuera suficiente para ser expulsado del partido y ahora pagan las consecuencias políticas de su audacia. Muchos socialistas comparten esta tesis.
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