La tesis de Alaya triunfa

La repercusión de la exposición razonada del juez instructor del 'caso ERE' en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, imputando de prevaricación administrativa a la cúpula de los socialistas andaluces durante dos décadas aún tardará en ser digerida por este partido, pese a que ya tuviera el cuerpo hecho a ello. Ahora se cumple dos años del auto en el que la jueza Mercedes Alaya daba el paso decisivo en esta dirección al imputar a una veintena de cargos públicos de las áreas de Hacienda, Empleo e Innovación, entre ellos Magdalena Álvarez, antecesora de Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda.

Aquel auto de finales de junio de 2013 tuvo repercusiones políticas ya conocidas: José Antonio Griñán, a quien la jueza Alaya ya había señalado en otros autos anteriores sin mencionar su nombre, comprendió que la magistrada iba a por él y organizó su dimisión como presidente de la Junta de Andalucía en 'petit comite' con Susana Díaz, su consejera de Presidencia y señalada desde un año antes como sucesora.

Alaya tardó poco en darle la razón y el 10 de septiembre lanzó la bomba con un polémico auto de imputación (no puede investigar a los aforados) contra Manuel Chaves, Griñán y varios exconsejeros de ambos, todos entonces diputados. Les hizo partícipes de la decisión, diseño y puesta en marcha del sistema para la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas, que el juez Barreiro tacha como ella de «ilegal y arbitrario» y por el que culpa a los expresidentes de cometer «auténticas ilegalidades».

Con ello el Tribunal Supremo suscribe la tesis mantenida por Alaya desde el comienzo de la instrucción en 2011. Porque al margen de los 'intrusos' que dieron pie al caso (fue la aparición de dos prejubilados con dinero de la Junta ajenos al mercado mayorista Mercasevilla en uno de sus dos expedientes de regulación de empleo lo que hizo a Alaya tirar del hilo), de las empresas que recibieron subvenciones con expedientes de apenas dos renglones y de los mediadores o conseguidores (Lanzas) que trincaron pingües beneficios, Alaya tuvo claro desde el principio del sumario, desde el auto de marzo de 2011 reclamando todas las actas de los consejos de gobierno de la Junta de una década, que la pista del fraude del dinero no era la única que iba a seguir.

Su disciplinado olfato de jueza instructora se quedó desde el primer minuto con la respuesta que Javier Guerrero, el director general de Trabajo responsable de la concesión de las ayudas hasta 2009, dio a la Policía a finales de 2010 cuando describió la partida de los ERE como «fondo de reptiles», aunque luego se desdijo.

La batalla de las actas entre Junta y jueza, que dirimió el Supremo a favor de esta, marca el punto de inflexión de una teoría que ahora el instructor del alto tribunal corrobora: la de que una trama política propició un sistema de ayudas sin control con fines electorales.

Ni siquiera Barreiro entra en el debate técnico jurídico de las transferencias de financiación, el procedimiento administrativo utilizado para pagar las subvenciones a través del IFA-IDEA sin fiscalización previa, como han pretendido las defensas de Griñán y Chaves. Simplemente considera que su utilización presupuestaria en este asunto es «claramente ilegal» y que el Parlamento, que debatió y aprobó el sistema dentro de las leyes de presupuestos, fue engañado porque estos fueron falseados. Una teoría sostenida por Alaya numerosas veces en sus escritos contra el medio centenar de políticos y funcionarios imputados.

Clientelismo electoral

Como apuntan los periodistas Antonio Salvador y Sebastián Torres de 'El Mundo', quienes destaparon este asunto cuando estaba en fase policial en diciembre de 2010, a partir de Alaya y el 'caso ERE' la corrupción política cobra otra dimensión. Ya no solo es enriquecimiento ilícito, del que el juez Barreiro exculpa a los expresidentes y resto de aforados, sino también gestión política para afianzar el clientelismo electoral, para conservar el poder. El «doble negocio» del que habla Alaya bajo el pretexto de la «paz social». Toda gestión política busca el voto, pero lo que Alaya quiere demostrar es la impunidad de los gobiernos socialistas de la Junta al hacerlo sin respetar las leyes establecidas.

Barreiro no entra en estos matices como tampoco, como sí hace Alaya en sus exposiciones, en que el sistema ilegal fue «ideado» bajo una «directriz política» para beneficiar a personas afines al PSOE y al entorno de la Junta. Pero al negar cualquier credibilidad a las declaraciones de los expresidentes y Zarrías de que ninguno supo nunca que se estuviera haciendo uso de un procedimiento ilegal que se saltara los controles, en cierto modo avala la tesis de la magistrada sevillana.

Incluso ironiza al rebatir las declaraciones de Griñán con que resulta increíble que hubiera un «complot» o «pacto de silencio» de los segundos niveles para que la «cúpula» piramidal de la administración no se enterara de las irregularidades. Una ironía que responde a la frase de Griñán tras declarar ante el magistrado: «No hubo una gran conspiración, pero sí un gran fraude».

«Es imposible», afirma la jueza, que no conocieran las advertencias hasta «el hartazgo» del interventor Manuel Gómez. Tuvieron una «conducta activa patente» a «sabiendas» del procedimiento ilícito, dice Barreiro, quien incluso excusa que el exinterventor no hiciera un informe de actuación o alerta de menoscabo de fondos públicos porque cómo iba a hacerlo si su puesto dependía de a quienes iba a cuestionar.

Aquellas actas de los consejos de gobierno han servido ahora, al cabo de los años, de pruebas para el juez Barreiro contra Chaves y Griñán. Esgrime las 22 modificaciones presupuestarias aprobadas en los consejos de gobierno para «engordar sin descanso la partida de los ERE» como indicio de que sí sabían del sistema.

La tesis de Alaya de la conspiración política triunfa con la exposición de Barreiro, aunque este no aluda a ello en sus 130 páginas. Por ahora... Las palabras del juez instructor no son definitivas ni siquiera para ir a juicio. El 'caso de los ERE' en el Supremo no ha acabado por ahora. Chaves y Zarrías van a intentar que la sala segunda del alto tribunal se pronuncie sobre ello, convencidos de que los indicios que apunta Barreiro son imposibles de demostrar en un juicio. Y aunque dimitan como presiona el PSOE esta próxima semana, la permanencia de José Antonio Viera en el escaño obligará al alto tribunal a tomar partido sobre la exposición razonada. Pero quizás le quede poco tiempo para hacerlo si Mariano Rajoy convoca las elecciones en septiembre, ya que el Congreso quedaría disuelto en julio.

El caso no termina

Tarde o temprano parece inevitable que el sumario de los aforados pasará al juzgado 6 de Sevilla y será la Audiencia Provincial la que enjuicie a todos los políticos del 'caso ERE' en primera instancia. Es curioso el lamento que hace Barreiro en el auto que niega a Griñán su marcha a la jurisdicción de Sevilla tras dejar de ser aforado: «En el caso de que decidieran renunciar al escaño todos los imputados, este instructor habría estado investigando durante seis meses para la Audiencia de Sevilla, cuyo tribunal podría perfectamente dejar sin efecto las resoluciones procesales que ha dictado el instructor».

También ha sido inevitable que este escándalo, el primero de tales dimensiones que afecta a la Junta de Andalucía y al PSOE andaluz, haya interferido en la política de esta comunidad, la de más paro de España, aunque de forma paradójica. El PSOE perdió su hegemonía durante tres años, pero no el poder en la Junta de Andalucía. La irrupción de Susana Díaz, un perfil joven y de gran vigor político en tiempos inestables, frenó la vaticinada caída del PSOE. Ganó las elecciones andaluzas el pasado marzo a mucha distancia del PP, aunque sin mayoría absoluta.

El PP, que tomó parte activa en el 'caso de los ERE' desde el principio, no ha rentabilizado el declive del PSOE. Si bien ganó en 2012 las elecciones, en las del pasado marzo tuvo uno de sus peores resultados. Fue Juan Ignacio Zoido, que acaba de perder la Alcaldía de Sevilla, quien propició que Alaya llevara el asunto al denunciar en su juzgado el soborno de directivos de Mercasevilla a hosteleros de la capital. El PP es acusación particular y sus abogados han sido clave en el curso de las investigaciones de Alaya, muchas de ellas realizadas a instancias de parte. Antonio Sanz, hoy delegado del Gobierno, firmó la mayoría de ellas.

Paradojas

Dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, de apenas un año de vida política, han sacado más partido al mayor caso de corrupción en Andalucía en su historia. Los dos coincidieron en exigir la cabeza de Chaves y Griñán, que el PP pidió durante tantos plenos del Parlamento, para dejar gobernar a Susana Díaz, algo que ha propiciado C's.

La última paradoja la entraña la propia Alaya: Lo será si en el reparto del caso ERE que haga la ahora titular del número 6, María Núñez Bolaños, no le toca la trama política. Siempre trabajó pensando que al señalar a Chaves y Griñán, su famoso caso acabaría en el Tribunal Supremo. Siempre ha peleado para que no se divida el sumario.