Zarrías se acoge a la tesis de la Abogacía del Estado en favor de Sáenz de Santamaría

La defensa del exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, apura las posibilidades para intentar conseguir que el Tribunal Supremo le exculpe en el 'caso de los ERE' fraudulentos, por el que el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, le incrimina de un presunto delito de prevaricación administrativa, por la utilización de las transferencias de financiación como instrumento para burlar el control y la aprobación de las leyes de presupuestos que las contenían.

El defensor de Zarrías, Gonzalo Martínez-Fresneda, que fue quien consiguió que el exvicesecretario general del PSOE José Blanco fuera exculpado por el Supremo del 'caso Campeón', después de que el instructor hallara indicios de delito, se suma ahora a un recurso anterior presentado por el expresidente José Antonio Griñán.

Asimismo, incorpora «como elemento probatorio» la argumentación de la Abogacía del Estado para permitir que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no tenga que inhibirse cuando el Ejecutivo apruebe proyectos de ley que afecten a la empresa en la que trabaja su marido, Iván Rosa, asesor jurídico de la División Internacional de Telefónica.

La defensa del exconsejero afirma que el dictamen de los servicios jurídicos del Estado establece que la vicepresidenta puede actuar en estos casos porque los proyectos de ley no son resoluciones administrativas, sino propuestas de leyes, que adquieren tan condición cuando las aprueba del Parlamento.

Por lo tanto, dice Martínez Fresneda, ni Zarrías, ni Griñán, ni ningún miembro del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, entre ellos el expresidente Manuel Chaves, implicado también en la causa, pudieron cometer prevaricación administrativa alguna al aprobar los proyectos de ley de presupuestos ni las propuestas de modificaciones presupuestarias. Estas propuestas adquirieron tal condición al ser aprobadas por el Parlamento andaluz. Y las leyes, añade, pueden ser constitucionales o no, pero nunca ilegales o prevaricadoras. «Si una Ley nunca es delictiva», dice el escrito, «su propuesta no puede serlo».

El escrito del letrado de Gaspar Zarrías recuerda que las leyes de Presupuesto de Andalucía contemplaron durante 10 años la figura de la transferencia de financiación para allegar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para ayudas sociolaborales. «Podrá considerarse técnicamente inapropiado, contablemente cuestionable, podrá argumentarse que, al aprobar la ley, los diputados no se miraron los papeles (argumento que no compartimos en absoluto, pero es lo que es evidente es que estamos ante una ley», agrega.

Recuerda además que las modificaciones presupuestarias eran algo rutinario, con más de mil entre 2000 y 2012, y que todas se elevaban al Consejo de Gobierno con dictamen favorable de la Intervención General y se daba cuenta de ellas a la Mesa del Parlamento.