El Tribunal Supremo no llegará a juzgar a ningún imputado del 'caso ERE'

El Tribunal Supremo no llegará a juzgar a ningún imputado del 'caso ERE', según insinuó ayer el vicepresidente del alto tribunal, Ángel Juanes. Al menos en primera instancia. El magistrado da por hecho que el caso pasará por completo al juzgado de Sevilla de donde partió la investigación y será, en este supuesto, la Audiencia Provincial sevillana la que abra juicio oral contra todos los acusados.

Juanes apeló a su «experiencia» para suponer que el caso no se juzgará en el Tribunal Supremo, pero no añadió ninguna explicación. Alude, según fuentes consultadas, al hecho más que probable de que en breve tiempo no haya ningún imputado aforado en este caso, en referencia a la celebración de las elecciones generales en octubre y a la pérdida del acta de diputado de José Antonio Viera.

El PSOE no incluirá en las listas a Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, quienes decidieron dimitir como diputados del Congreso tras verse señalados como imputados de un delito de prevaricación administrativa por el juez instructor Alberto Jorge Barreiro. José Antonio Griñán también dejó el Senado el pasado mes de junio.

Solo José Antonio Viera decidió permanecer en su escaño, renunciando para ello a la militancia en el PSOE y pasando al Grupo Mixto. Una vez que Rajoy disuelva las Cortes posiblemente en septiembre para convocar elecciones generales, Viera se verá también sin escaño en el Congreso y por tanto perderá su condición de aforado. El Supremo ya había solicitado al Congreso que confirmara su condición de aforado para procesarle.

El PSOE ha utilizado una férrea disciplina con los investigados por el 'caso ERE', más allá incluso de lo que estipulan sus normas internas. Hasta este proceso judicial, el PSOE exigía la renuncia al cargo cuando eran sentados en el banquillo, es decir, en la apertura de juicio oral. Con el supuesto fraude en las ayudas sociolaborales a empresas en crisis y sus empleados concedidas por la Junta desde 2000 a 2012, el listón bajó y se ha exigido la renuncia desde el mismo momento en que eran llamados a declarar como imputados.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, fue la primera en marcar esta pauta tras conocerse que los dos expresidentes de la Junta y varios exconsejeros de sus gobiernos estaban en el punto de mira de la jueza instructora Mercedes Alaya. Díaz dijo el pasado noviembre que les pediría el acta de diputado y senador si eran imputados de un delito. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, secundó esta norma en un momento en el que ambos dirigentes pugnaban por liderar el partido o ejercer más influencia interna.

Pugna Alaya-Bolaños

Una vez que el 'caso ERE' ya no tenga aforados, el Tribunal Supremo se deberá inhibir en favor del juzgado de instrucción 6 de Sevilla y los expresidentes y resto de excargos podrían pasar a depender de las decisiones de Alaya, muy temida por sus duras medidas cautelares durante el proceso, algunas volteadas por la Audiencia de Sevilla.

Aunque no está del todo claro que vaya a ser así. Porque no acaban los enredos de este caso. Como se recordará, Mercedes Alaya, ahora magistrada de la Audiencia de Sevilla, pugna por seguir al frente del caso ERE en comisión de servicio, chocando para ello con la actual titular del juzgado 6, María Bolaños.

Esta, en contra de la opinión de Alaya, quiere dividir el sumario en tres partes, como pide la Fiscalía, y dedicar una de ellas a los imputados por el procedimiento administrativo de concesión de las ayudas (ahí entrarían los expresidentes Chaves y Griñán si se confirman sus imputaciones).

El Consejo del Poder Judicial deberá tomar partido entre las dos juezas y decidir si Alaya se queda con la macrocausa de los ERE (más de 200 imputados), con una parte de la misma o con ninguna.