Toda una época de poder socialista andaluz en el banquillo

Si van al banquillo casi que va a dar igual, porque ya se les ha dado por condenados decía un colega cuando esta mañana esperábamos de un momento a otro recibir el auto del juez Martín desde el gabinete del TSJA. Sin embargo, ni Chaves ni Griñán ni ninguno de los demás exconsejeros y altos cargos mencionados son aún responsables de nada y se hace obligado matizar: A partir de hoy acaba la indagación judicial y se abre la fase de "acomodar el procedimiento" para que las partes aleguen ante la apertura de juicio oral. Un tecn icismo pero que supone que aún pase un año hasta que esto suceda, pues el auto da a las partes 45 días para alegar pero a partir de la recepción de numerosas y complejas pruebas. El magistrado decide que hay caso, algo que se daba por descontado después del auto del Supremo, y los procesados pueden recurrir ante la Audiencia Provincial, para empezar, y luego continuar el largo, proceloso, garantista, camino de la Justicia hasta que haya sentencia en firme, que es cuando se podrán afirmar sus responsabilidades, de haberlas. También hay que precisar, frente a los amantes de trazo grueso, que no se trata de una corrupción al uso, es decir que ninguno de los implicados se ha lucrado personalmente, por si hay intentos de equiparar con otros casos que se destapan cada día.

Sin embargo, es un golpe fuerte a los propios imputados,en primer lugar, a la Junta de Andalucía y al PSOE, un paso muy importante, contundente,que da por buenas las tesis de la jueza Alaya e que incluso enmienda al magistrado del Supremo, al añadir el delito de malversación a Griñán y algunos otros investigados, y que sitúa en más de 800 millones el dinero defraudado, una cantidad que hasta ahora no se había establecido.

El juez Álvaro Martín lleva al banquillo a toda una época de poder socialista andaluz, aunque la indagación no se refiera más que a una década, pone en cuestión a figuras clave de la política andaluza, como los expresidentes, que fueron a su vez presidentes federales del PSOE, y los consejeros Zarrías, Álvarez,Viera, Fernández, Aguayo, Vallejo, al ex interventor, al ex jefe de la oficina jurídica, y cree delictivas sus políticas de ayudas a empresas, el uso de partidas presupuestarias, la confección de los presupuestos, incluso considera que todos ellos sabían que estaban siguiendo un procedimiento ilegal para sortear los controles.

Juristas prestigiosos observan el caso con ojo clínico y creen que alberga un debate interesante. Si se confirma que se trata de prevaricación administrativa puede sentar jurisprudencia, es decir aplicarse a otros casos. Aunque buscar coherencia a los fallos judiciales puede ser tarea endemoniada.

Se abre, pues, una nueva etapa en el largo proceso judicial abierto en 2010. Le queda un trecho hasta poder darlo por concluido, con una sentencia en firme, con todo el relato del procedimiento específico ya claro y demostrado.