Incertidumbre sobre la presentación de acusaciones contra Chaves y Griñán

El juzgado que instruye la pieza política de los ERE, en la que están procesados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tenía previsto que el 15 de septiembre se presentaran los escritos de acusación, aunque el retraso en las notificaciones ha provocado incertidumbre sobre este trámite.

El juez de instrucción Álvaro Martín dictó a finales de julio pasado una providencia dando un plazo de 45 días naturales para que presentaran los escritos de acusación las distintas acusaciones: Fiscalía Anticorrupción, Junta de Andalucía, PP y Manos Limpias.

Sin embargo, al PP y a Manos Limpias no se les notificó la providencia, a través de sus procuradores, hasta el pasado 1 de septiembre, por lo que ambas partes han dicho a Efe que presentarán sus escritos a mediados de octubre.

La Junta de Andalucía, al conocer el retraso en la notificación a algunas de las partes, solicitó al magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla poder presentar su escrito más tarde, lo que rechazó el juez en agosto pasado.

El instructor se incorpora mañana a su despacho y entonces se abordará si se mantienen los plazos iniciales o se concede una prórroga a todas las partes para que los escritos se puedan presentar en octubre, como han señalado fuentes del juzgado.

En esta pieza, el juez procesó a 26 ex altos cargos socialistas por participar entre los años 2000 y 2011 en el reparto de 855 millones de euros para ayudas sociolaborales y de empresas. Para ello, según el juez, los acusados crearon un procedimiento para «eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía».

A Chaves, el juez le imputa prevaricación administrativa -que no conlleva prisión-, y a José Antonio Griñán le acusa además de malversación. El juez también acusa a los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, de los cuales imputa prevaricación y malversación a los cuatro últimos.

Sobre Chaves «concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocía la ilicitud del sistema que estaba manteniendo y, por tanto, que no debe admitirse su aducida ignorancia», indica el instructor.