Fiscalía rechaza la tesis de Alaya y no ve delito en la macrocausa de la formación

El intento de la jueza Mercedes Alaya de crear una nueva 'macrocausa' contra la Junta de Andalucía por la gestión de los cursos de formación parece encaminada a desinflarse. Aún está pendiente la decisión final de su sucesora, María Núñez Bolaños, que sería favorable al archivo, pero ayer la Fiscalía Anticorrupción abrió la puerta a esta hipótesis al solicitar su sobreseimiento. En la pieza figuran como investigados 24 altos cargos, entre ellos el exconsejero Antonio Fernández, y los delegados de Empleo en las ocho provincias andaluzas.

El escrito de la Fiscalía estima que de las investigaciones practicadas y de las distintas declaraciones recibidas a lo largo de la instrucción no ha quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de los altos cargos investigados.

El ministerio público indica textualmente que no se ha podido identificar la estructura de un plan preconcebido dirigido a favorecer a determinadas personas o entidades, como defendía Alaya.

Afirma el escrito que la labor de justificación y liquidación por los organismos y delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo encargados de tal labor «no puede ser tachada de manera global de negligente. Ni siquiera cabe en la vía penal un estudio globalizado de tal cuestión», pues el análisis jurídico penal siempre es individualizado a una conducta concretada en una persona y por razón de unos hechos, «no puede basarse en la eficacia, eficiencia o incluso legalidad u oportunidad de toda una administración valorada en su conjunto. Esto es más bien propio de la labor auditora, revisora contenciosa administrativa o incluso política».

También es tajante al afirmar que las exoneraciones o exceptuaciones no son constitutivas de prevaricación. El escrito precisa que podrían ser acertadas o no, nulas o no, incluso contrarias a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno. Responde a criterios interpretativos aceptables y razonados y conforme a la norma. Considera que la emisión de las certificaciones a las que se refiere el artículo 41 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (RIJA) «han cumplido unos cánones razonables». También es conforme a derecho la gestión de la liquidación de las subvenciones y recoge que sólo han prescrito cinco expedientes de los 18.023 cursos concedidos por la Junta entre 2002-2012, por valor de 2.896.485.505,7 euros. De ellos 15.561 expedientes se han justificado y el resto quedan pendientes.

La 'pieza política' es sólo una de las que permanecen vivas en los Juzgados, donde aún quedan otras, entre ellas las referidas al exconsejero Ojeda, Delphi, consorcios de formación, Faffe, UGT, y todas las causas derivadas de la 'Operación Edu'.