No es un tema menor, se trata de la pérdida de una seña de identidad con una simbología muy especial para Granada, fruto del consenso y el pacto que se propició con el Estatuto de Autonomía
Eduardo Peralta
Domingo, 7 de mayo 2017, 11:42
«Ojalá se cierren pronto los líos», contestó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al recibir un mensaje de felicitación al ser nombrado ministro por parte de Ignacio González. El miembro del Gobierno ha negado cualquier relación con el ex presidente de la Comunidad de Madrid, actualmente en prisión, pero lo que no puede negar es que sea el autor del lío que se ha formado en Granada con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El Real Decreto por el que se crean las nuevas secciones de lo Penal para la segunda instancia lleva su propia firma y en la exposición de motivos deja la puerta abierta al desplazamiento, la clave, que en todo caso habría que entender como temporal o transitoria. También el texto legal señala que «han sido oídas las comunidades autónomas afectadas», pero quizá la Junta de Andalucía no haya sido consciente del gol contra Granada que este tema supone, por lo que tendría que transmitir su posición determinante ante el Consejo General del Poder Judicial. Y este organismo ser sensible al voto particular del mismo presidente del TSJA, porque encontrar motivaciones para aprobar este desaguisado no será fácil.
El que se expresen los agentes jurídicos de Granada, todos los partidos políticos sin exclusiones y de manera unánime, la Corporación municipal, Diputación, el Consejo Consultivo de Andalucía y hasta se haya constituido una plataforma ciudadana, es algo poco visto en esta ciudad y provincia. No es un tema menor, se trata de la pérdida de una seña de identidad con una simbología muy especial para Granada, fruto del consenso y el pacto que se propició con el Estatuto de Autonomía.
El colegio de abogados de Sevilla ha reclamado ese desplazamiento y no descarto que el de Málaga también lo haga. Pero lo que no hemos visto es movilización alguna de los representantes políticos y de todas las instituciones malagueñas o sevillanas al unísono reivindicando ese desplazamiento.
Aunque haya razones objetivas y fundadas para que estas salas se queden en la Real Chancillería, debido a la unidad de criterio, no crear inseguridad jurídica y la reducción de costes que supone, la cuestión hasta ahora han sido las influencias corporativas y su aceptación por el ministro y la presumible pasividad de la Junta. La vulneración del espíritu expresado en el Estatuto no es cuestión de judicializarla, sino de exigir desde todos los cargos políticos e institucionales que se corrija la equivocación que supone ceder a intereses espúrios y crear un agravio en la identidad de Granada.
Y sobre agravios o extorsión, las presumibles cesiones económicas del Gobierno con el País Vasco por el apoyo del PNV a los Presupuestos, y no digo nada del voto del diputado de Nueva Canarias. Pero la noticia de la semana referida a un partido ha estado en el PSOE, con la presentación de avales de sus candidatos a las elecciones primarias. El poderío de Susana Díaz no ha sido tanto, sólo algo más de 6.000 votos sobre Pedro Sánchez. Ahora toca que cada militante se pronuncie en las urnas. Tenemos reciente el caso de Francia, donde los afiliados socialistas eligieron a Hamon frente a Manuel Valls en la carrera a la presidencia que hoy se disputa. El considerado más izquierdista se quedó en la primera vuelta con apenas un 6 por 100 de los votos, lo que parece un claro divorcio entre la militancia y el electorado. Sánchez tiene a sus espaldas los dos últimos peores resultados del PSOE. Un cierto lastre. ¿No les parece?
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