La Ley de Agricultura da carpetazo a la reforma agraria emblema del primer gobierno del PSOE

La Junta aprobará este próximo martes la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía. Se trata de la primera ley genérica del campo en la Comunidad y nace con vocación de valorar y reconocer a los agricultores y ganaderos, cuya actividad reporta el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, con medio millón de explotaciones y una agroindustria con un volumen anual de más de 15.000 millones de euros, que está tirando del carro de la economía andaluza con la venta al exterior.

El proyecto de ley saldrá del Consejo de Gobierno tras numerosas vicisitudes. El texto con 108 artículos puede que no sea el definitivo hasta que lo apruebe el Parlamento, porque desde que se dio a conocer en octubre de 2016 hasta ahora ha sufrido numerosas transformaciones tras la presentación de 775 alegaciones o aportaciones de las administraciones, organizaciones agrarias, agentes sociales, ecologistas, ayuntamientos y particulares. Hasta su envío el pasado marzo al Consejo Consultivo, último eslabón de supervisión, se han conocido seis borradores.

Los tropezones son en parte fruto del devenir de una ley de la que se empieza a hablar en los noventa cuando el PSOE de Manuel Chaves gobernaba con el PA; que impulsa José Antonio Griñán en su discurso de investidura en 2012 para contentar a Izquierda Unida, con la que el PSOE sella un gobierno de coalición; pero que acaba siendo fruto de la presión de Ciudadanos por el pacto con este partido para la investidura de Susana Díaz como presidenta en 2015. Varios consejeros han tenido el encargo sobre la mesa de su despacho sin saber cómo hincar el diente al banco de tierras que exigía Izquierda Unida o al respeto al máximo de la iniciativa privada y a recortar burocracia, como quiere Cs. Han sido cinco los consejeros en seis años, todos del mismo PSOE, desde Clara Aguilera, Luis Planas, Elena Víboras, Carmen Ortiz, hasta el actual, Rodrigo Sánchez Haro.

Ortiz y Sánchez Haro son los responsables del articulado de una ley criticada por su ambición genérica sin concretar mucho a expensas de los reglamentos posteriores. Los dos han puesto el foco en la conservación de la tierra de labor frente a la especulación, con las llamadas zonas de especial relevancia; y en la cadena alimentaria para reducir el desperdicio de los alimentos (el 30% de lo que se produce se tira) y puedan ser aprovechados con fines sociales.

La ley, prolija en enunciados sobre el agro andaluz y sus conexiones con la sociedad, no solo es simbólica por ser la primera genérica de un sector con numerosas normas parciales (la de la dehesa, olivar, desarrollo rural...), sino también por dar carpetazo definitivo a una etapa y a una política que fue emblema del primer gobierno socialista de la Junta de Andalucía, el que, presidido por Rafael Escuredo, echó a rodar la autonomía en 1982. La nueva Ley de Agricultura incluye al final de su articulado, con una mención somera, la derogación de Ley de Reforma Agraria. Tan parca como la nula observación al respecto del Consejo Consultivo que ha dado el visto bueno, entre cuyos consejeros se encuentra el mismo Rafael Escuredo que la alentó.

Un adiós en silencio a una ley que marcó los primeros años de la autonomía andaluza, gobernada aún por el PSOE y que ha tenido una trayectoria accidentada. La anunció Rafael Escuredo en un mitin en Ronda en 1983, pero cuando fue aprobada por la Cámara regional, en junio de 1984, el político sevillano ya había dimitido (marzo de 1984) y fue su sucesor, José Rodríguez de la Borbolla, quien comenzó su desarrollo.

La ley incluía planes ambiciosos para la mejora de las explotaciones, el regadío, caminos y regeneración forestal de los montes, pero las expropiaciones forzosas a propietarios que no justificaran un tope de rendimiento eclipsó cualquier otra medida y acaparó rechazos de todas partes. A los comunistas y sindicalistas les pareció corta y a las organizaciones agrarias, excesiva. El Tribunal Constitucional la validó al rechazar por unanimidad el recurso de Alianza Popular en 1987, pero los tribunales voltearon los planes de actuación derivados de la ley, aquellos en los que señalaba las expropiaciones en las comarcas de Antequera (Málaga) y Estepa (Sevilla), las primeras que sirvieron de laboratorio a través del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria (IARA).

Aquella reforma agraria inspirada en el primer Estatuto de Autonomía (1981) fracasó no solo al verse arrinconada por los tribunales por el abogado Manuel Clavero Arévalo (otro protagonista de la autonomía con Escuredo), sino también en parte por los escasos fondos para su aplicación y la entrada de España en la Unión Europea en 1986 con directrices distintas. El segundo Estatuto de Autonomía (2007) aún mantuvo su enunciado, pero ajustado de forma explícita a la Política Agraria Común.

El IARA no pudo expropiar con la ley de 1984, pero sí comprar. Sumando lo que heredó del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) franquista intentó una política de reparto de tierras a cooperativas con más de 20.000 hectáreas, pero que fracasó con el tiempo. La casi única experiencia que sobrevivió fue la de Los Humosos (1.600 hectáreas) en Écija y Marinaleda. La finca de este último municipio, en la que llegaron a instalarse ocho cooperativas, se convirtió en símbolo del Sindicato de Obreros del Campo (SAT) y de su política de ocupación de cortijos bajo el lema 'la tierra para el que la trabaja'.

El Humoso se halla ahora inmersa en una disputa de la Junta con el aún primer edil de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que sirve de ejemplo al modo en que la administración autonómica intenta desde hace una década finiquitar aquel proyecto fallido de los 80. En 2011 se aprobó la extinción del IARA en la Ley de Reordenación del Sector Público, que incluía la enajenación de las fincas públicas a manos privadas con preferencia de los colonos y con facilidades de pago. Las vacantes fueron a subasta. La supresión del IARA fue incluida en el paquete que la Junta entregó al Ministerio de Hacienda para el ajuste de gasto y deuda impuesto por la estabilidad presupuestaria y la crisis. «La Junta no es agricultora», dijo la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, al poner en marcha el proceso para devolver la tierra a la iniciativa privada. La misma crisis torció la operación. Los bancos no prestaron dinero a los interesados. Sólo se ingresaron 10 millones de los 75 millones de euros previstos.

Esta situación sirvió de acicate a Izquierda Unida cuando al llegar al Gobierno de la Junta en 2012 presiona al PSOE sobre el banco de tierras, una fórmula de tutela administrativa parecida a lo que fue el IARA. Hubo incluso una iniciativa parlamentaria de IU al respecto, declaraciones del consejero Luis Planas con voluntad de ponerlo en marcha e incluso tres millones de euros en los Presupuestos con este fin.

Con las elecciones de 2015 y el nuevo Gobierno de Susana Díaz, sin IU y con Cs de apoyo parlamentario, se vuelve al plan antiguo. La Ley de Agricultura que se aprueba el martes excluye cualquier mención al banco de tierras y fija como objetivo prioritario la venta para que accedan a la propiedad los agricultores y agricultoras interesados en las 4.470 hectáreas de cultivo aún propiedad de la Junta, aunque también se contempla la posibilidad de aplicar fórmulas de alquiler. Aunque eso sí, de IU queda el espíritu de que no haya subasta al mejor postor y se dé prioridad a agricultores jóvenes, cooperativas, mujeres y ayuntamientos aún salvaguardando los principios de igualdad, concurrencia y publicidad

Para mayor facilidad, la ley indica que los colectivos prioritarios podrán tener derecho a una reducción en el precio y a un pago a plazos. La Junta ya está aplicando el 65% de reducción máxima por generación de empleo e inversiones realizadas y un plazo de 20 años para el pago. Lo ha aplicado a los colonos de Los Humosos en Écija, si bien en Marinaleda la Junta admite discrepancias en cuanto al pago de los cánones por ocupación de la tierra. Marinaleda no ha pagado nunca y la Junta le reclama un dinero de cuya cuantía no informa, pero que puede superar los 5 millones de euros.

Los cooperativistas alegan que hay varios ejercicios que han prescrito y no quieren pagar. El Ayuntamiento sevillano pide que se le ceda de forma gratuita la finca. La Junta le ha dado varios plazos a las cooperativas para el desalojo desde 2011 y aún espera llegar a un acuerdo que permita cerrar el círculo iniciado hace 34 años con el mismo principio: «El objetivo es que se quede la tierra quien la ha venido trabajando», apuntan desde la Consejería de Agricultura.