Alaya cuela en la campaña electoral el juicio por el uso de tarjetas de la Junta en clubes de alterne

A partir del 19 de mayo y durante toda la semana del 22 al 26 de ese mes, se sentará en el banquillo el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, y la exdirectora económica y financiera de esa entidad, Ana Valls, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. El Partido Popular y la Junta de Andalucía ejercen la acusación en esta causa, que será juzgada por un jurado popular.

Alaya fue instructora de la macrocausa por irregularidades en los ERE por la que se acabó condenando a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros antiguos cargos socialistas de la Junta, algunos de ellos con penas de prisión. El año pasado, la Audiencia de Sevilla la designó magistrada presidenta del tribunal encargado de juzgar este caso. La jueza ha firmado un auto por el que se fija el 18 de mayo para la constitución del jurado popular y el día siguiente para el inicio del juicio, que continuará durante toda la semana previa a las elecciones municipales. En el PSOE-A han optado por no valorar esta decisión.

Para esas fechas también estará en pleno funcionamiento en el Parlamento de Andalucía la nueva comisión de investigación sobre el asunto de la Faffe cuya creación ha sido votada por el PP y Vox con la oposición del PSOE y el resto de la izquierda.

La comisión, que estará presidida por la popular Maribel Lozano, tendrá como principal objetivo rescatar el dictamen de la comisión que sobre el mismo tema funcionó durante la legislatura anterior y que no fue votado en pleno debido a la disolución prematura del Parlamento por la convocatoria anticipada de elecciones. Tanto los socialistas como Por Andalucía decidieron no registrar a ningún parlamentario para que forme parte de esta comisión, ya que consideran que la investigación ya se realizó durante la pasada legislatura

El auto de apertura de juicio oral contra Villén, para quien el fiscal pide seis años de prisión, y Valls, para quien solicita cuatro, fue emitido en abril de 2022 y en el mismo el juez instructor relata que Fernando Villén, «prevaliéndose de su cargo como director técnico» de la Faffe, «habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación».

El juez señala que, en total, este acusado «habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe», y añade que, «con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos», el investigado, «en connivencia» con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, «habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado», de forma que, «en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad».