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Héctor Barbotta
Lunes, 13 de mayo 2024, 23:50
La renta per cápita de La Línea apenas supera los 11.000 euros. La de Gibraltar es de 90.000. Semejante abismo económico entre dos ... territorios separados por una verja que en un futuro cercano podría desaparecer, si es que fructifican las negociaciones que llevan adelante los gobiernos de España y Reino Unido, estará lejos de atenuarse si no se establecen condiciones para ello. Con este argumento se presentó ayer en Madrid una delegación encabezada por el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, y representantes de los ayuntamientos y de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.
La delegación había sido citada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para comunicarles la marcha de las negociaciones con su par británico sobre el futuro de la colonia tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Sobre la mesa hay varias cuestiones que preocupan en los municipios vecinos del Peñón, especialmente los relativos a cómo afectará el nuevo estatus de la colonia al tránsito de personas, ya que unos 15.000 ciudadanos españoles cruzan diariamente la frontera para trabajar. Pero en este complejo proceso diplomático se están abordando otras cuestiones, como el posible uso compartido del aeropuerto, el tráfico de mercancías o el propio control de las fronteras.
La Junta ha apelado sin éxito al artículo 240 del Estatuto de Autonomía, que consagra su derecho a ser informada y a solicitar participación en aquellos tratados y convenios que la afecten directamente. «Cuesta trabajo pensar por qué Gibraltar, que no es un Estado soberano, participa en las negociaciones invitado por su Gobierno y el Gobierno de España no invita a la Junta de Andalucía a participar, cosa que sí ocurría en etapas anteriores», señaló Sanz.
Asimismo, el Gobierno andaluz ha pedido, también sin obtener de momento una respuesta satisfactoria, que se aplique a la comarca del Campo de Gibraltar un estatus fiscal especial que le permita competir en igualdad de condiciones con el Peñón. El temor es que la posible retirada de la verja, si es que las negociaciones se coronan con el éxito, lejos de atenuar la brecha económica entre ambos territorios, la profundice. «Gibraltar tiene un 10% en el impuesto de sociedades y España, un 25», recordó Sanz tras la reunión con Albares. «Estamos ante una oportunidad única», dijo el consejero tras el encuentro, cuando advirtió de que la Junta quiere «un acuerdo, pero no cualquier acuerdo», con lo que destacó que no se puede alcanzar un pacto a espaldas de los municipios de la zona.
El ministro aseguró que el acuerdo sobre Gibraltar que negocian Bruselas y Londres garantizará los derechos de los trabajadores transfronterizos tanto de los actuales como de los futuros. «Mi principal guía y objetivo en toda la negociación es la defensa y protección de sus derechos», ha asegurado tras ser preguntado por el futuro de los alrededor de 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día acuden al Peñón y que representan, según el ministro, «más del 50% de la fuerza laboral».
El acuerdo va a garantizar, dijo Albares, «los derechos de los trabajadores del Campo de Gibraltar, no solo de los actuales sino también de los futuros». Lo que se busca, añadió, es que «sus vidas sean más fáciles, facilitar la movilidad cuando se desplazan para trabajar y lo que tiene que ver con aspectos sociales de su trabajo».
También quedará recogido en el futuro acuerdo, precisó, la cuestión relativa a la entrada y salida de soldados británicos llegados al puerto y al aeropuerto militar de Gibraltar hacia España, aunque no entró en detalles. «Es una de las cosas sobre las que estamos hablando» y cualquier aspecto relativo a ello quedará «perfectamente controlado y definido», dijo.
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