Andalucía «redistribuirá» fondos del Bono Joven si hay provincias con solicitudes que no agotan la partida asignada

Así se recoge este viernes en la documentación publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en la que se especifica que la redistribución se haría «mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General competente en materia de vivienda, con destino a otras provincias en las que el importe resultante de las solicitudes presentadas es superior al crédito previsto en la convocatoria».

El presupuesto del Bono Alquiler es de 68,4 millones de euros a repartir en tres anualidades. En la de 2022, la partida supera los 6,8 millones; la de 2023, los 47,8 millones; y para este 2024, los fondos previstos alcanzan los 13,6 millones, según el desglose que recoge el BOJA. Para la provincia de Almería, el presupuesto total para 2022/2024 es de 1,7 millones; en el caso de Cádiz, supera los 15,1 millones; Córdoba, más de 6,6 millones; Granada alcanza los 9,2; Huelva, algo más de cuatro millones; Jaén, 3,06 millones; y Sevilla y Málaga se sitúan en los puestos de cabeza con 16,6 y 11,8 millones, respectivamente.

Frente a las críticas por la gestión del Bono Alquiler y las concentraciones anunciadas por la plataforma de afectados, la Junta sostiene que las medidas de refuerzo que «hemos adoptado para agilizar el proceso de concesión del Bono Alquiler Joven están dando sus frutos». Hasta la fecha, se han resuelto 8.509 expedientes (74,6%), de los que se han abonado más de 7.000 (61,5% del total).

«Estamos consiguiendo revertir las dificultades de la compleja tramitación que encontramos. Y todo ello gracias a que hemos triplicado el número de personas que están tramitando el bono, sin ayuda alguna del Estado en este sentido. Confiamos en poder resolver todos los expedientes que faltan en muy corto plazo», apostillaban recientemente desde la Consejería de Rocío Díaz.

En esta línea, la Junta aseguraba que «se ha trabajado sin descanso para resolver el problema de tramitación, ocasionado en gran parte por las numerosas trabas que nos ha puesto el Gobierno de España en el camino, con una norma farragosa que ha necesitado de un desarrollo posterior por parte de las comunidades autonóminas». «Si hubieran unificado el procedimiento y establecido una aplicación a nivel estatal, como reclamamos desde el inicio del proceso, hubiera sido más fácil la tramitación», sentenciaba.