Andalucía sopesa recurrir al Constitucional la regulación del Ingreso Mínimo Vital

Poco después el vicepresidente, Juan Marín, fue más concreto y en un foro admitió de forma abierta que la Junta de Andalucía está estudiando desde este domingo un recurso al Tribunal Constitucional al considerar que la decisión del Gobierno central «roza las competencias autonómicas». Para el bipartito andaluz resulta un agravio e incomprensible que se ceda las competencias al País Vasco y Navarra, comunidades que cuentan con un régimen fiscal autónomo y diferente al del resto de autonomías.

Las declaraciones de los gobernantes andaluces coincidía con las del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una entrevista de radio en las que ponía en duda la eficacia de la gestión por algunas comunidades autónomas. «Andalucía está perfectamente preparada», ha replicado el presidente andaluz, argumentando la experiencia de gestión durante 30 años en asuntos sociales y su «capacidad y solvencia». El presidente se mostró convencido de que el Gobierno «reaccionará» a favor de las autonomías. «Vamos a confiar y a darle una oportunidad a que el Gobierno pueda rectificar y que se puedan hacer las cosas como se tenían que haber hecho desde el principio», ha dicho Moreno.

Marín ha sido más beligerante. Ha expresado sus dudas de que la regulación del Ingreso Mínimo Vital «sea constitucional». «No creo que Navarra o País Vasco sean más inteligentes», ha manifestado el vicepresidente de la Junta.

El PSOE de Andalucía también ha terciado en la polémica y el que fuera vicepresidente en la anterior legislatura, Manuel Jiménez Barrios, ha pedido al Gobierno de la Junta de PP-A y Ciudadanos (Cs) que «no torpedee una actuación tan importante» para los andaluces como el Ingreso Mínimo Vital «llevado por la propaganda». Jiménez Barrios atribuye a la «locuacidad» de Marín que sin haber leído todavía la norma del Ingreso Mínimo Vital publicado en el BOE este lunes, «ya está poniendo pegas». El socialista insta al bipartito andaluz a no «jugar» con este tema dada lo necesario de la medida tras las secuelas sociales que está dejando la pandemia. Ha recordado que la renta mínima de inserción social en Andalucía, que se aprobó cuando él gobernaba, «sólo soluciona el problema a 11.300 familias aproximadamente», frente a las más de 220.000 personas a las que podría beneficiar el Ingreso Mínimo Vital en la comunidad autónoma, cálculos hechos por los socialistas.

El portavoz adjunto de Adelante en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, también ha reclamado al Gobierno andaluz que no ponga trabas a la llegada del Ingreso Mínimo Vital porque supondría «retrasos que cuestan vidas». García ha calificado de «buena noticia imprescindible» la aprobación de esta prestación.