Andalucía y Valencia buscan un acuerdo histórico que acabe con el desequilibrio en la financiación

De las 15 comunidades autónomas que se financian por el régimen común, las cuatro más meridionales reciben menos recursos por habitante que la media nacional. Sólo Extremadura, como comunidad de la mitad sur, escapa a esta lógica que perjudica a la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla la Mancha. Los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se reúnen este martes en Sevilla para poner en marcha una iniciativa en común que rompa esta dinámica.

Se trata de una cita de gran trascendencia, no sólo porque se trata de presidentes de signos políticos opuestos, sino también porque reúnen a los mandatarios de dos de las cuatro autonomías más pobladas de España y de un peso determinante en la economía nacional.

El objetivo es que del encuentro salga una acción común - «frente» en palabras de Moreno Bonilla, «alianza», según el término que prefiere Puig-, con el que se consiga cambiar un sistema de financiación que la mayor parte de las comunidades no cuestiona. El presidente andaluz tiene previsto dar continuidad a esta iniciativa política de largo alcance con una reunión la semana próxima con su par murciano, Fernando López Miras.

La Comunidad Valenciana es, con gran diferencia, la más perjudicada por el actual sistema de financiación. Recibe un 92,4 por ciento de la media de ingresos por habitante y además nunca ha habido en las dos últimas décadas un ejercicio en el que alcanzara la financiación promedio de las autonomías españolas.

Andalucía, por su parte, es la tercera comunidad más perjudicada, al recibir el 95,9 por ciento de la media de financiación por habitante y lleva desde 2008 por debajo de la línea que marca el ingreso promedio de todas las comunidades autónomas. El déficit acumulado, según las estimaciones de la Junta de Andalucía, supera los 10.800 millones de euros.

Frente a esta situación, la reunión de este martes, que ha sido precedida por un encuentro el pasado julio entre los respectivos consejeros de Hacienda, Juan Bravo (Andalucía) y Vicent Soler (Comunidad Valenciana), servirá para terminar de perfilar la propuesta de ambas comunidades para poner fin a esta situación de reparto desproporcionado de los recursos del Estado. El reclamo va en dos direcciones; una es para poner en marcha en el corto plazo y la otra persigue una solución de fondo.

La medida más urgente que se pide al Gobierno es que una parte de la transferencia extraordinaria de 13.486 millones de euros para las autonomías en el año 2021 se destine a eliminar las diferencias de financiación por habitante ajustado, de modo que las comunidades que reciben menos se igualen a la media. Una vez asignada esta partida, el resto de los fondos debería distribuirse en proporción a la población ajustada.

La segunda es de más largo aliento. Tanto el Gobierno andaluz como el valenciano coinciden en la necesidad de una reforma del sistema de financiación y en concreto de uno de sus pilares, el Fondo de Suficiencia Global, que es donde se generan los mayores desequilibrios.

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