La Audiencia de Sevilla insiste en su desafío al TC para llevar la absolución de los ERE a Europa

La Sección Primera de la Audiencia se reafirmó ayer en su posición en la que cuestiona si el Constitucional invadió ámbitos reservados a los jueces al conceder amparo a la mayoría de condenados. La Audiencia lo reflejó así ayer denegando al abogado del expresidente de la Junta José Antonio Griñán su petición de aclarar la providencia en la que pregunta a las partes si el TC «se ha extralimitado con una interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación y si dicha doctrina incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción».

La Audiencia reitera así su planteamiento de trasladar esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que el fallo absolutorio del Constitucional no es del todo «compatible» con el derecho europeo y con el deber de perseguir la corrupción.

En una providencia remitida por la Audiencia el pasado 27 de marzo se da cuenta de la petición de la representación letrada de Griñán y se defiende el carácter no recurrible de la misma porque «el trámite de alegaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas resulta de obligado cumplimiento por Ley», por lo que entiende que «no ha lugar a hacer aclaración por cuanto la providencia expone con claridad las cuestiones que se someten a las partes».

La decisión de la Audiencia de elevar a la Justicia europea el caso de los ERE refuerza su pulso con el Constitucional en un choque sin precedentes y con un debate de fondo inédito sobre si un tribunal ordinario puede dar ese paso al discrepar en los argumentos jurídicos.

De momento, el Tribunal Constitucional ha fijado ya para el próximo pleno del 8 de abril el debate jurídico esta iniciativa de la Audiencia sevillana, incluyendo en el orden del día este planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el alto tribunal y su obligación de velar por su cumplimiento.

La reacción de la Audiencia de Sevilla llegó tras la petición del TC para que dictara nuevas sentencias teniendo en consideración los fundamentos jurídicos incorporados por el tribunal tras la absolución parcial acordada para una parte de los condenados en este caso.

El TC, con una mayoría de siete magistrados a favor y cuatro en contra, admitió parcialmente los recursos de amparo de diez de los ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por dicha instancia provincial por prevaricación y en otros casos también por malversación, en el procedimiento específico de financiación autonómica de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.

El Constitucional anulaba de esta forma la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla con relación a exdirigentes socialistas de la Junta como los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía Magdalena Álvarez, el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo o el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.