El Constitucional avala la ley de vivienda casi en su totalidad y estima solo parte del recurso de la Junta

El Ejecutivo andaluz argumentó que el Estado «no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda», ya que es «invade competencias exclusivas recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía».

El Pleno del Tribunal ha estimado solo parte del recurso del Ejecutivo andaluz y únicamente ha declarado inconstitucionales y nulos dos apartados de la norma: el artículo 16, que recoge los principios que rigen la vivienda protegida; y parte del artículo 19.3, relativo a la colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado.

Los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa emitirán un voto particular contra el criterio adoptado por la mayoría progresista.

Esta es la primera resolución del Constitucional sobre la ley de Vivienda y marca el camino para los próximos dictámenes ya que también han recurrido esa ley el País Vasco, la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Govern de Baleares, el Parlament catalán y los diputados del PP en el Congreso.

La sentencia, según fuentes del Ministerio de Vivienda, «refrenda la competencia del Estado a la hora de garantizar una vivienda asequible y digna». «La existencia de esta ley es la reivindicación de la competencia del Estado dentro del marco constitucional de actuar en esta materia. Es decir, el Estado debe reservarse un papel relevante a la hora de regular el acceso a la vivienda», señalaron las mismas fuentes gubernamentales. Para el ministerio, «que se corrijan determinados aspectos no elimina un elemento esencial y es que esta ley, en palabras del propio Tribunal Constitucional, es un texto no solo necesario sino imprescindible«.

La Ley estatal por el derecho a la vivienda regula muchos aspectos, como la limitación de los precios de alquiler en las zonas que las comunidades autónomas declaren «tensionadas», la acción del Estado en materia de rehabilitación y regeneración urbana, la colaboración público-privada, el parque público y la vivienda asequible.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistió hoy en que la ley estatal de vivienda es «lesiva para las competencias autonómicas» e impone «un modelo de gestión que no ha sido refrendado por los ciudadanos en las urnas». En su opinión, donde «se ha aplicado sin límites ha conseguido efectos devastadores», ya que «ha multiplicado la okupación» y «ha hundido la oferta del alquiler». Ayuso atacó las políticas «intervencionistas» y «arbitrarias» que «van contra el mercado». «Limitar los precios, intervenir la vivienda de los particulares, poner esas trabas al emprendimiento, a la compra, el alquiler o cualquier otra acción libre que nace de manera voluntaria del ciudadano y de la empresa siempre trae consecuencias nefastas que debemos evitar, al menos desde este motor económico que es Madrid», sentenció.