Los contratos de emergencia acaparan la sesión de control y agrian el debate político

La denuncia se refiere a la presunta adjudicación de alrededor de 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de covid-19 y que, según los socialistas, el Servicio Andaluz de Salud siguió utilizando hasta 2023, dos años después de su derogación.

En el Gobierno andaluz restan trascendencia a esta denuncia, que viene precedida de informes de Intervención y de la Cámara de Cuentas sobre un supuesto abuso de la figura legal puesta en marcha para hacer frente a la pandemia.

En su pregunta dirigida al presidente de la Junta en la sesión de control, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, también hizo referencia al supuesto fraccionamiento de contratos y dijo que esta práctica es «un fraude de ley como un piano». También subrayó que el Gobierno andaluz se está escudando en la práctica legal de contratos menores cuando lo que supone ilegalidad es fraccionar.

Asimismo, acusó al Ejecutivo andaluz de obstaculizar la labor de la oposición y la investigación desarrollada por el grupo socialista sobre esta violación de las normas para la contratación pública. Estas acusaciones siguieron a otras lanzadas previamente desde las filas de Por Andalucía y Adelante, que acusaron al Gobierno andaluz de prácticas corruptas.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, reclamó a Moreno que explique «qué ha pasado con los cientos de millones que la Intervención dice que se han ido a pagar contratos que se hicieron con desprecio a la legalidad» y lo acusó de estar al frente de un Gobierno «nefasto en la gestión y distraído en el cumplimiento de las leyes». José Ignacio García, de Adelante Andalucía, aseguró que en la Junta se trocean contratos públicos para saltarse los controles y que existe una trama de corrupción en el SAS.

Moreno iba preparado para estos ataques y exhibió en su réplica documentos con los que apuntó a que cuando Espadas era consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio y posteriormente alcalde de Sevilla también fue responsable de prácticas similares. Así, dijo que en su etapa de consejero, el 96 por ciento de los contratos utilizados eran menores, porcentaje similar a su etapa como alcalde de Sevilla.

Uno de los documentos aportados por Moreno es un informe de la Cámara de Cuentas que sostiene que en algunos de los expedientes de la Consejería dirigida por Espadas en 2009 se incurría en un supuesto de fraccionamiento.

También afirmó que en 2018, último año de gobierno socialista en la Junta, en las ocho centrales provinciales del Servicio Andaluz de Salud se adjudicaron contratos menores por 791 millones de euros.

Según el presidente, también en aquel momento la Intervención de la Junta advirtió de que se había prescindido del procedimientos legales al fraccionar contratos, por lo que preguntó a Espadas si, en coherencia con la denuncia presentada ahora contra el Gobierno andaluz, también denunciaría a Susana Díaz.