El decreto de la Junta permitirá cambiar usos del suelo y construir 20.000 nuevas VPO en 5 años

No se trata de un número caprichoso. «Es lo que hemos trabajado con el sector, hemos estado viendo las medidas que se pueden implementar para llegar a ese objetivo; evidentemente, nosotros tenemos un diálogo constante y continuo con el sector», apunta Díaz, que sostiene que la política de vivienda de la Junta se basa en tres pilares: incrementar la oferta del parque público en alquiler, simplificar la burocracia y reducir las cargas fiscales.

En esta línea, el decreto, según explica la consejera, consiste en un plan de choque que ofrecerá a los ayuntamientos una serie de herramientas que les permitirá poner a disposición de los promotores terrenos en los que es posible la construcción inmediata de viviendas.

«Lo fundamental y lo prioritario para el Gobierno andaluz es poner más vivienda asequible en el mercado –explica Díaz–, y eso es necesario porque estamos viendo que es uno de los grandes problemas que tiene los andaluces, los españoles también, y nosotros tenemos que dar respuesta a lo que está ocurriendo porque al final el proyecto de vida de las personas pasa por una vivienda».

El decreto ley permitirá edificar viviendas protegidas sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística, siempre que se respete el equilibrio de usos residenciales con los equipamientos y el entorno urbano. Por ejemplo, los solares o edificios de uso turístico u oficinas podrán destinarse de manera inmediata a la construcción de viviendas protegidas. «En cuanto salga el decreto –detalla–, los ayuntamientos podrán, a petición de un propietario de suelo, destinar a viviendas protegidas suelo que está destinado a otros usos. Y eso podrá hacerse de manera inmediata».

Mayor densidad

También podrán levantarse este tipo de unidades habitacionales en solares de uso dotacional privado (gimnasios o residencias de estudiantes), siempre que se destinen de forma permanente al alquiler. En ningún caso se autorizará la construcción sobre parcelas de uso educativo o sanitario.

Asimismo, las parcelas actualmente destinadas a vivienda libre podrán aumentar un 20 por ciento la densidad, es decir el número de las viviendas, y su edificabilidad si se destina a viviendas de protección oficial.

Por su parte, las parcelas ya calificadas para ser destinadas a vivienda protegida podrán aumentar el número de viviendas en un 20 por ciento y la edificabilidad, en un 10 por ciento.

Este plan, según explica la consejera, tiene un tiempo acotado de cinco años, ya que lo que pretende la Junta es dar una respuesta rápida a la actual situación. «El decreto tiene un horizonte temporal y realmente hay que cumplirlo», advierte. Por ese motivo, las licencias para viviendas deberán solicitarse en un plazo máximo de dos años y construirse en un plazo de tres.

Otra de las medidas que estarán incluidas en el decreto ley permitirá a los ayuntamientos que sus planes urbanísticos puedan destinar parcelas de equipamientos a vivienda o alojamiento dotacional público, como ya fija la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). La novedad es que se podrá aplicar sin modificar el planeamiento cuando las parcelas no tengan uso específico o tengan uso genérico de interés público y social.

Otra de las medidas incluidas en el decreto ley de próxima aprobación permitirá asignar a la Unidad de Aceleradora de Proyectos desarrollos residenciales. Para ello, deberán tener al menos 250 viviendas protegidas. También podrá asignarse el desarrollo de suelo residencial con más de 500 viviendas que reserve suelo para vivienda protegida e incorpore medidas de desarrollo urbano sostenible. La asignación a esta Unidad exigirá el compromiso del ayuntamiento afectado a tramitar de urgencia los procedimientos que le corresponden.

Asimismo, la Junta hará con los ayuntamientos un inventario de suelo y se creará de una bolsa de suelo para dar más transparencia a la promoción de viviendas de protección oficial.

Tres veces más

Según la consejera, todas estas medidas permitirán hacer frente a una crisis a la que en su opinión se ha llegado, entre otros motivos, porque durante los años de gobiernos socialistas la Junta de Andalucía no hizo suficientes viviendas protegidas, cuyo número se ha multiplicado por tres desde la llegada al Gobierno de la Junta de Juanma Moreno. «Si tú no le has dedicado ni tiempo ni políticas públicas a la política de vivienda, es imposible que tengamos vivienda suficiente», advierte.

A eso le añade una ley estatal de Vivienda que en su opinión ha traído consecuencias «absolutamente desastrosas». «Llevamos un año y medio de ley y lo que pretendía o lo que al menos decía que pretendía esa ley ha generado el efecto contrario, ha contraído el mercado, ha quitado viviendas del mercado. Hay una inseguridad jurídica que no beneficia en nada la situación que tenemos actualmente y nosotros tenemos que dar respuesta», subraya.