«Derogaría la Ley contra la violencia de género»

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández (Madrid, 1964), confiesa que ni es taurino ni cazador. Su principal afición es el senderismo y tiene pendiente de culminar la ruta mozárabe en solitario por la Vía de la Plata. Del Atlético Madrid de toda la vida, dice que también se ha hecho aficionado del Córdoba desde que en 1993 se instaló en esta ciudad. Es abogado, hijo de abogado y padre de abogada. Forma parte del primer grupo de diputados que Vox estrenó en un Parlamento, el andaluz. Como socio necesario del Gobierno de PP y Cs, cuya andadura facilitó, Hernández acapara protagonismo en el Parlamento, como esta semana se ha visto con la aprobación del primer Presupuesto no socialista.

–¿Qué balance hace de estos primeros seis meses del Gobierno del cambio y de la primera experiencia de Vox en un Parlamento?

–Nos ha venido bien para asentarnos que parte de ese tiempo haya sido de precampaña electoral. La actividad parlamentaria la hemos conocido, como debe ser, a partir de la negociación del Presupuesto. Ahí se ha visto la importancia de Vox a la hora de confeccionar estos presupuestos. Eso quizás sea lo más importante. Se ha visto que Vox es una formación útil, contribuye a la estabilidad y hemos dejado nuestra impronta en los presupuestos.

–Tanto bombo y se han conformado con solo mover 2,1 millones de euros del Presupuesto. Explíqueme por qué.

–Para nosotros este Presupuesto de 2019 es de transición, en tanto en cuanto nos anuncia a dónde queremos llegar en 2020. Se han aceptado una serie de medidas que tienen muchísima significación. No tienen directamente una cuantificación en una partida, pero van a influir en muchísimas partidas.

–Por ejemplo...

–Por ejemplo, hemos conseguido que las contrataciones fuera de la convocatoria de oposiciones van a estar restringidas y siempre sometidas a los criterios de mérito y capacidad. En materia de subvenciones, las consejerías van a tener un plan estratégico y esto va a suponer que va a tener que debatirse en las comisiones y el Pleno (del Parlamento). Cada consejero va a tener que explicar qué criterio sigue a la hora de dar ayudas a una fundación o asociación. Eso va a tener más significado que esos dos millones. Y también hay plasmado en el articulado una apuesta decidida por el desmantelamiento de la administración paralela. Se han sentado las bases para que se empiece a hacer. Eso serán cientos de millones de euros.

–El acuerdo de Vox con PP y Cs no señala qué se va a desmantelar. Dígame usted qué es lo que piden.

–Se va a hacer una auditoría de toda la administración paralela por empresas independientes y a la vista de esos resultados se tomarán las decisiones correspondientes.

–¿Qué resultados tiene que haber para que se decida si se cierra o se despide al personal?

–Si se cierra o no, de entrada se han dado los pasos para que los cambios jurídicos se hagan de manera efectiva y jurídicamente plausible.

–¿Cómo se ha hecho eso?

–Está en cambios del articulado (de la ley del Presupuesto). Y en varias disposiciones adicionales se prevén cambios legislativos, como modificaciones en la ley de la Función Pública.

–¿Esas modificaciones se harán para el cierre de las empresas públicas?

–O para dejarlas en la dimensión adecuada.

–¿Y qué piden que se haga con Veiasa (la empresa que gestiona las ITV)? ¿Piden privatizarla?

–Habrá que verlo. Eso es lo que dice la señora Díaz. Aunque nosotros somos liberales en lo económico, eso no quiere decir que en un momento dado haya que privatizar todo. Ya se verá, según las auditorías.

–Respecto a la RTVA, ¿qué plantean para redimensionar, prejubilaciones, un ERE, despidos directamente...?

–En Canal Sur vamos a dejar que el nuevo consejo de administración empiece a hacer sus propias propuestas. Después veremos lo que es necesario. Nosotros no lo sabemos. Sabemos que gasta mucho dinero y que ese dinero evidentemente podría tener un mejor destino.

–No quiere adelantar nada sobre si habrá despidos...

–Es que nosotros nunca hablamos de despidos, ni de nueve mil, ni de nueve. Cualquier persona contratada por la Junta de Andalucía tiene una serie de derechos y luego habrá que ver de qué modo está contratada y si efectivamente tiene contenidos su trabajo o no; Pero prever lo que va a salir, no sabemos.

–¿Descarta o no que haya reducción de personal en los entes?

–En principio si se cierran entes lo lógico es pensar que pudiera haber despidos, pero lo que no podemos prever es si ese personal va a ser necesario en otra parte de la administración.

–¿A qué llama subvenciones ideologizadas?

–Cuando hablamos de ideologización, hablamos de todas estas asociaciones que llaman memorialistas, por ejemplo, en el tema de la memoria histórica. Con esto vemos que se está produciendo un fraude. Se otorga legitimación para investigar dónde están enterradas personas a asociaciones donde no están los parientes de los desaparecidos. Una vez que se encuentran los restos se ponen en contacto con las familias. Debería ser al revés. Lo que hacen esas asociaciones es una lectura política de algo que ocurrió hace un siglo, pero lo actualizan. A nosotros nos llaman los herederos del franquismo, y ¿qué tenemos que ver nosotros con lo que ocurrió hace un siglo? Cuando una asociación hace esa lectura, evidentemente está ideologizada. O las asociaciones LGTBI cuando el otro día agredieron a los compañeros de Ciudadanos. Eso no es nuevo, ya había ocurrido otros años con responsables del PP. Ahí hay una ideologización. Se estigmatiza según la adscripción política.

–¿Pide entonces que no se le dé subvenciones a los colectivos LGTBI?

–No, lo que digo es que si esos colectivos están ideologizados y ese es su principal objetivo y al final uno analiza sus actividades y esta es propaganda política, habrá que ver si hay que gastar dinero en eso. Y lo mismo pasa con esas asociaciones que en teoría tienen su causa en la lucha intrafamiliar, que por cierto es un término que no hemos inventado, estaba en los presupuestos de 2017; Si resulta que el dinero para la violencia se dedica a empoderamiento de la mujer en el ámbito rural, oiga, ¿no sería mejor que dotáramos a la Guardia Civil de más medios para que en lugar de una patrulla teniendo que cubrir los casos de violencia en un radio de cien kilómetros haya dos?

–¿Por qué no reconocen la violencia machista de forma específica y quieren llamarla intrafamiliar?

–Nosotros no lo negamos. Hay mil mujeres muertas, ahí están. Somos conscientes de que existe ese problema y queremos luchar contra ese problema. Ahora bien, cómo se lucha, ¿a través de lo que llaman políticas de género? ¿A través de los programas de empoderamiento de la mujer en el ámbito rural, o a través de las políticas que tienen que definir los expertos? Como a través de las fuerzas de seguridad del Estado, desde determinados servicios sociales de la Administración, pero siempre sin ideologización.

–Existe una ley apoyada por todos los grupos políticos, un observatorio en el Poder Judicial, hay juzgados de violencia de género...

–Pregunte usted en esos juzgados a ver qué le dicen. Solo de cada cien denuncias que se interponen, acaban en condena quince. Y eso es una realidad. Y a la violencia machista cada vez le introducimos más elementos. Si hay un accidente de coche y la accidentada de uno de los vehículos es mujer se puede uno encontrar que es calificado de violencia machista.

–¿Derogarían la ley integral contra la violencia de género?

–Por supuesto. Es totalmente ineficaz. Cada vez le damos más dinero, más recursos, forzamos la interpretación de las normas, bordeamos los límites de los derechos de la Constitución, y no evitamos las muertes, pues algo estaremos haciendo mal.

–Sobre la brecha salarial, también sorprende que ustedes contradigan a organismos internacionales de todo tipo sobre su existencia. ¿Por qué es una gran mentira?

–No se puede echar la culpa a todo el mundo de cosas que no sabemos si existen o no existen. Si existe, denunciadlo, llevadlo a los tribunales, porque a mí no me consta. Mis honorarios como abogado no son más por ser hombre o mujer. Las ratios de la brecha salarial son risibles. No sé si hay 20 sentencias en los últimos años. Si hay una jurisdicción accesible es la social, porque no hay costas. Habría mil despachos de sindicatos y asociaciones, a las que se les paga mucho, que estarían encantados de llevar esos asuntos a los tribunales.

–El portavoz del Gobierno ha dicho que sí hay brecha salarial y también en la Junta.

–El portavoz no va a estar brillante todos los días. Tiene que tener algún día malo.

–Insiste que no hay brecha salarial.

–Como Santo Tomás. Cuando lo vea lo creeré.