PP y Cs diseñan un programa de gobierno para un cambio tranquilo en Andalucía

PP y Ciudadanos cerraron ayer el último de los apartados de un amplio acuerdo programático con 90 medidas para gobernar en Andalucía en coalición. Los dos partidos tienen previsto culminar hoy la alianza con un pacto para el control del Parlamento y para la investidura de Juanma Moreno como presidente, para lo que necesitarán los votos de Vox, partido con el que el PP reconoce que ha estado hablando y que no entrará en el Gobierno, pero sí será un aliado imprescindible en el Parlamento en la legislatura. Tras el gran acuerdo, se conocerá el reparto de puestos y los nombres, dándose por casi seguro que el líder andaluz de Cs, Juan Marín, será vicepresidente de la Junta y como presidenta del Parlamento estará Marta Bosquet, también del partido naranja.

Bosquet y Elías Bendodo, llamado a ser el número tres del futuro ejecutivo, han sido los muñidores del acuerdo de las 90 medidas «de desarrollo y prosperidad» que Juanma Moreno anunció alborozado en su cuenta de Twitter y que los dos partidos han ido dando a conocer por entregas desde la víspera de Nochebuena hasta el día de Navidad. Las medidas están divididas en tres bloques: de regeneración democrática; de reformas económicas y fiscales para el empleo y la prosperidad; y de reactivación de los servicios públicos en Andalucía.

Un paquete de iniciativas con ambición de oxigenar, aligerar y reordenar la mastodóntica administración de la Junta de Andalucía, con más de 270.000 empleados, de los que más de 25.000 forman parte de un entramado de entes, agencias y fundaciones, bautizada por el PP como «administración paralela», y que la futura coalición de gobierno se propone reducir a la mitad o al menos su estructura de directivos. Introducen como principal novedad el concurso de méritos para la designación de cargos técnicos de libre designación.

De la lectura del documento creado para un cambio histórico en la Junta de Andalucía, gobernada 36 años y seis meses por el PSOE, no se desprende, sin embargo, una ruptura drástica con las políticas de este partido. En muchos casos son continuistas en el fondo y objetivos, aunque con diferencias en las formas, como si se buscara un cambio tranquilo en la Junta andaluza, pero con sello propio en determinados aspectos que sí suponen un guiño hacia votantes de centro derecha, como por ejemplo ampliar la rebaja del impuestos de sucesiones a los que heredan más de un millón de euros establecido ahora.

Entre la veintena de leyes que PP y Cs se proponen llevar al Parlamento, muchas de ellas son reformas de las actuales y algunas estaban en desarrollo, como la de Atención Temprana y Formación Profesional. Esta última figuró en el acuerdo del PSOE y Cs para la investidura de Susana Díaz, pero no terminó de ver la luz. Otras como la ley de Agricultura, también exigida por Cs al PSOE, no aparece en el listado, pese a que quedó casi a punto de aprobarse esta legislatura pasada.

La continuidad con quiebros novedosos se observa sobre todo en las medidas educativas, sanitarias y sociales de carácter público. Estas áreas se llevan el 80% del Presupuesto de la Junta y han sido blasones de la gestión de izquierdas en Andalucía, aunque en los últimos años su imagen se ha visto muy deteriorada por los recortes de la crisis.

PP y Cs prometen un plan de choque para mejorar la sanidad pública andaluza, con reducciones en las listas de espera (cuyos plazos máximos se rigen por ley en Andalucía), «acabar con el colapso en las urgencias»; ampliar a diez minutos por paciente la atención primaria y el cribado del cáncer de colon a usuarios a partir de 50 años, entre otras. En sanidad sí hay dos novedades que son un correctivo a la política socialista: La supresión de las subastas de medicamentos y del complemento de exclusividad a los médicos. El primero es un guiño al sector farmacéutico, que siempre se opuso a la subasta; y el segundo a la sanidad privada que acoge a muchos de los facultativos que también ejercen en la pública. En este caso, no eliminarán el complemento de exclusividad, sino que lo integrarán en el salario.

Los dos partidos prometen igualar los salarios de facultativos y maestros a los nacionales. En materia educativa, PP y Cs apuestan por reforzar la figura del profesor y su formación, como base para una mejora también de la excelencia educativa. Anuncian la gratuidad de la enseñanza de 0 a tres años, ampliar el bilingüismo al cien por cien de los centros educativos; reforzar el inglés, las matemáticas y la lectura; planes específicos e incrementos de profesorado y medios para alumnado con dificultades de aprendizaje; y un plan de mejora de las instalaciones escolares que incluye climatización y sustitución de las caracolas, en realidad ya puesto en marcha esta legislatura.

Como novedades dicen que protegerán tanto a los colegios de la concertada como a los públicos y que implantarán la libre elección de los padres entre uno y otro. También prevén incluir el bachillerato en la concertada y promover el bachillerato internacional.

PP y Cs aseguran mantener la apuesta en Andalucía por la enseñanza y sanidad pública. Cabe subrayar que ambos partidos reivindican en el texto dos de las últimas leyes aprobadas en la legislatura y que fueron llevadas al Parlamento por el Gobierno de Susana Díaz, con gran empeño de esta para que fueran aprobadas con el máximo consenso: La Ley de Igualdad y la Ley contra la Violencia de Género. PP y Cs votaron las dos normas tras serle admitidas sus propuestas.

El documento se fija como compromisos dotar de presupuesto las medidas de las dos leyes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, salvar la brecha salarial en las empresas y que estas establezcan «objetivos claros de representación de mujeres entre sus altos cargos y en sus consejos de administración»; además de un pacto contra la violencia machista. Estas dos apuestas, junto a otras sobre la defensa de la diversidad sexual, cuya ley contra la discriminación de los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales (LGTBI) también respaldaron PP y Cs en 2017, destacan en el documento de manera clara y firme.

Esta rotundidad sobre las citadas leyes como la de la defensa de la sanidad y educación públicas es significativa porque son postulados en contra de lo que propone Vox, cuyo voto necesitan para gobernar y que defiende la reversión de las competencias de la sanidad, educación y justicia al Gobierno central.

PP y Cs incluyen una ley de la Familia y propuestas para que se refuercen las fronteras frente a la inmigración, que sintonizaría con otras defendidas por el partido de Abascal, como también la reducción de la administración paralela. También coinciden en la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones a familiares directos, una rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en todos los tramos de la escala autonómica. Además PP y Cs prometen revertir la subida del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TPAJD), producida el año 2012.

En materia de incentivos económicos, prometen ampliar de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos y emprendedores y la implantación de una tarifa superreducida de 30 euros para nuevos autónomos a jóvenes menores de 25 años y mujeres en el ámbito rural.