Héctor Barbotta
Jueves, 14 de noviembre 2024, 00:23
Ni en la marcha de la economía, ni en la brecha de empleo y bienestar que aún separa a Andalucía del resto de España, ni en el estado de los servicios públicos, ni en la repercusión real de las reformas fiscales, ni mucho menos en ... la valoración del tratamiento que el Gobierno de España da a la Junta de Andalucía. En ninguno de esos apartados existe un diagnóstico más o menos homogéneos sobre la realidad de Andalucía.
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El debate sobre las enmiendas a la totalidad presentadas contra el anteproyecto de Presupuestos para el año próximo puso sobre la mesa este miércoles las diferencias irreconciliables entre las diferentes lecturas que de la realidad andaluza hacen los grupos políticos. No se trata de matices, ni de que a un lado se vea el vaso medio lleno y al otro, medio vacío. La realidad de Andalucía que se ve desde el Gobierno andaluz y desde los grupos de la oposición parecen corresponder a territorios diferentes.
El anteproyecto de ley de Presupuestos aprobado por el Consejo de Gobierno se enfrentaba a su primer debate parlamentario con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Estas enmiendas, sometidas a una única votación, fueron rechazadas por 69 votos en contra y 36 a favor. Vox, que votó el rechazo junto al PP, aclaró que su postura no supone un respaldo a los presupuestos, con los que se mostró crítico.
Así, el documento inicia su trámite parlamentario en el que podrán aprobarse enmiendas parciales y que culminará en el pleno del 18 y 19 de diciembre, cuando alcanzará rango de ley. Al haber superado la votación de este miércoles, el envolvente de los presupuestos, de 48.836 millones de euros, no podrá ser modificado, por lo que las enmiendas parciales que se aprueben y que supongan el incremento de una partida deberán incluir la indicación de la partida de la que se detraiga esa cantidad.
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En un debate que se prolongó durante casi diez horas, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, expuso las líneas generales del anteproyecto presentado por el Gobierno antes de debatir uno a uno con los portavoces de todos los grupos. Esa contraposición de argumentos puso en evidencia el abismo que separa a los diagnósticos que sobre la situación de Andalucía y la marcha de la comunidad se hacen desde las filas del Gobierno y de la oposición.
Los puntos de confrontación fueron esencialmente dos: la evolución de la situación económica en la comunidad autónoma y el estado de sus servicios públicos.
España dijo que el proyectos de presupuestos es el de un Gobierno que defiende a los ciudadanos y que permitirá seguir en la senda de crecimiento de los últimos años, una situación que la oposición en bloque rechaza porque considera que Andalucía, lejos de avanzar en la reducción de la brecha de riqueza con el conjunto de España, está retrocediendo.
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Según la consejera, se trata de unos presupuestos que blindan el apoyo a las familias y el gasto social, que es el mayor de la historia, al mismo tiempo que incrementan el apoyo al tejido productivo y a las políticas de agua.
Desde las formaciones de izquierdas se asegura que el aumento del presupuesto en sanidad, el mayor de todo el documento al rozar casi los mil millones de euros, no es real. La socialista Alicia Murillo aseguró que se trata de unos recursos que irán mayoritariamente a las grandes farmacéuticas y a las clínicas privadas y criticó también la política fiscal al afirmar que las rebajas de impuestos merman los recursos de la Junta para beneficiar a una minoria y que el crecimiento de las cuentas sólo es posible por los mayores recursos que aporta el Gobierno central.
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España rechazó esa tesis y sostuvo que las transferencias del Gobierno no responden a la voluntad política de la Administración socialista, sino a un aumento de la recaudación en Andalucía producto del crecimiento económico.
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