HÉCTOR BARBOTTA
Domingo, 11 de abril 2021, 00:48
Enrique Moreno, diputado de Ciudadanos por Jaén, preside la comisión parlamentaria de investigación de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), que esta semana ha aprobado una nueva lista de comparecientes entre las que vuelven a figurar la expresidenta de la Junta Susana Díaz ... y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
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–Hace dos años que se constituyó la comisión de investigación de la Faffe. ¿Qué balance hace?
–El balance es positivo. Me consta que la comisión ha tenido algunas críticas negativas, pero siempre del mismo sitio. Yo sé que hay personas que no quieren colaborar, pero el trabajo de los grupos parlamentarios es riguroso, serio y muy responsable. Es verdad que no es todo lo rápido que nos gustaría porque además las prisas no son buena consejeras. Lo dije al principio y así está siendo: a mí me gustaría llevar a cabo un trabajo ágil y riguroso, pero ágil no quiere decir con cierre en falso. Cuando esto se cierre será con un dictamen que recoja con la transparencia que necesitamos las irregularidades que lamentablemente tuvieron lugar en a Fundación Andaluza de Formación y Empleo. Vamos por el buen camino con las comparecencias y con la fase documental. Algunos comparecientes no han querido colaborar, pero muchos otros lo han hecho y se ha obtenido información muy importante. Hemos podido analizar una cantidad ingente de documentación y obtenido información muy relevante.
–¿Cómo se hace para que el trabajo de la comisión no se soslaye con la investigación judicial?
–Son aspectos distintos. En los juzgados se lleva a cabo una investigación dentro del ámbito penal. Aquí hacemos una investigación política. Nuestro ordenamiento jurídico confiere a las asambleas legislativas la potestad para estas comisiones de investigación. El objetivo, dentro de la necesidad de transparencia y regeneración que tiene que nacer del Poder Legislativo, es conocer y poder transmitir a las andaluces todas las irregularidades que han tenido lugar en esta fundación, que gestionaba una gran cantidad de dinero público, para que se depuren las responsabilidades políticas. Es un dinero que tenía que ser destinado a que los desempleados se pudieran formar y encontrar un trabajo y un proyecto de vida.
–Al seguir las comparecencias da la impresión de que se ha entrado en un bucle y que se trata de una comisión que no ha sido asumida por el conjunto, sino sólo por una parte. ¿Esta dinámica no se hubiese podido romper aceptando los comparecientes que pedía el PSOE?
–Aquí se alcanzó un consenso que permitió al principio aprobar por unanimidad las normas de funcionamiento de la comisión. Esto era muy difícil a priori, pero finalmente lo conseguimos. En cuanto a los comparecientes, es lógico que haya algunos que quieran colaborar y otros que no, son decisiones de carácter personal. Muchos de los citados están vinculados al Grupo Socialista porque es el partido que ha gobernado Andalucía durante los últimos 37 años y bajo su gobierno ocurrieron estas irregularidades. La sociedad entiende y los grupos políticos mayoritariamente también que los responsables políticos de aquella época tienen que colaborar para que se conozca lo que sucedió. En cuanto a los comparecientes que propuso el Partido Socialista, hay muchos que se han aceptado.
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–De la última tanda, ninguno
–Sí, un auditor que fue propuesto por el Partido Socialista en la primera tanda ahora fue admitido por el PP, Ciudadanos y Vox. A mí me ha dado la sensación que el Grupo Socialista ha querido poner la zancadilla a la comisión, porque el primero que propuso fue el presidente Moreno Bonilla. No es la persona que puede aportar la información que necesita la comisión, sino otras que tenían responsabilidades políticas en esa época. Hay muchas ocasiones en las que el Grupo Socialista no parece tener interés en que se conozcan todas las irregularidades. Hay dos diputados, Javier Carnero y Antonio Rodríguez de Arellano, que fueron citados, vinieron a la comisión y se fueron sin colaborar. Es una falta de respeto gravísima que no colaboren con una comisión parlamentaria. Ahora han vuelto a ser citados y espero que aporten la información que tienen.
–Otra de las citaciones que llamó la atención es la de Carmen Ibanco, esposa del alcalde de Sevilla, Juan Espadas. ¿Qué puede aportar esta persona?
–Bueno, le puedo contestar muy por encima porque mi labor es la de presidente. No he participado en esa propuesta, pero como ha comentado mi compañera Teresa Pardo, es una extrabajadora de la Faffe y ha sido citada como se ha hecho con otros. Entiendo que los grupos la proponen porque se está investigando también cómo se accedía a trabajar. Creo recordar que eran en torno a 1.200, que después de subrogaron en el SAE. ¿Cumplían los procesos de selección con los principios de igualdad, mérito y capacidad? La situación de esta señora está relacionada en ese sentido.
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–El alcalde de Sevilla ha dicho que con esta citación se ha traspasado una línea roja y se rompe con el sentido de la ética.
–No tengo nada que decir sobre eso. Es una propuesta de los grupos que ha sido sometida a votación y aprobada por la mayoría de los grupos. Si le digo la verdad, yo no sabía que era la mujer de Juan Espadas. No creo que haya nada más que la necesidad de conocer el modo en el cual entró a formar parte de la fundación.
–La ministra de Hacienda ha dicho que no va a comparecer y que hay una sentencia judicial que avala su ausencia.
–No hay ningún pronunciamiento judicial que avale la no comparecencia de María Jesús Montero. Ella basó su ausencia en un informe del Consejo de Estado que fue emitido únicamente para el caso de Fátima Báñez, que entendió que no se daban las circunstancias suficientes para que esta señora fuese citada. Pero son casos muy distintos, porque Fátima Báñez no fue consejera de la Junta de Andalucía y María Jesús Montero, sí. No puede utilizar esa argucia para evitar colaborar con el Parlamento de Andalucía. Yo no entiendo qué miedo le han cogido algunos a venir al Parlamento de Andalucía. Si los grupos parlamentarios, de manera mayoritaria han entendido en reiteradas ocasiones, después de estudiar la documentación, que debe ser citada, la ministra, nada más que por este hecho, debería acceder a venir y colaborar voluntariamente sin poner objeciones. Aquí no se acusa a nadie.
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–¿Cree que la comisión va a alcanzar el objetivo de conocer lo que ha sucedido?
–Estoy totalmente seguro. Yo no considero que la falta de colaboración sea mayoritaria. Es verdad que algunos de los principales responsables políticos no han colaborado hasta este momento; pero otros, sí. Estoy seguro de que el resultado va a ser más que satisfactorio.
–¿Cuáles son los plazos?
–Habrá comparecencias hasta noviembre, después cada grupo hará su propuesta de dictamen. Se hará un documento de síntesis, al que los grupos podrán presentar alegaciones. De ahí saldrá un dictamen que se someterá a votación primero en la comisión y después en el pleno. Me atrevería a decir que eso será entre marzo y abril del año que viene.
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