El Gobierno andaluz renueva sin consenso el Consejo Consultivo

Crespo dijo que «es una conducta propia del peronismo, Susana Díaz se convierte en Susana Kichner» y apuntó que el PSOE«se creen que son dueños de Andalucía». Calificó la ruptura del consenso, que se venía dando desde que en 1995 se creó el organismo, de «caciquismo», «desfachatez» y dijo que es «el mayor acto de despotismo en la autonomía reciente». La portavoz popular atribuyó los cambios a informes recientes del Consejo que «han tumbado» la ley de formación profesional y ha dado «varapalos» a otros textos, entre ellos la regulación del nombramiento de peritos, que informó en su contra el consejero Francisco Gutiérrez, que con anterioridad fue representante del PP en el Defensor del Pueblo Andaluz y en el Consejo Audiovisual.

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, dijo que el decreto de nombramiento es «una competencia propia» que ejerce el Consejo de Gobierno con «rigurosidad» y defendió la «acreditada experiencia y solvencia» de los nombrados, a la vez que negó que se deba a las «fricciones» entre los organismos.

Entre los partidos cundió también la crítica por la decisión, que contrasta con la falta de acuerdo para nombrar otros órganos de extracción parlamentaria, que son competencia de los grupos, como el consejo de RTVA, el Audiovisual, el Defensor o la Cámara de Cuentas, que siguen sin presencia de los nuevos grupos.

Podemos, a través de Begoña García, censuró que el PSOEhace «política partidista» mientras Antonio Maíllo (IU) acusó a Susana Díaz de «sectarismo». Juan Cornejo (PSOE)rechazó las críticas y defendió la decisión y dijo que « el PP-A ha perdido las formas y el norte», su actitud es «impresentable» y le «escuece mucho el ridículo que ha hecho al tratar de involucrar» a Díaz en el caso ERE. Cs dijo no compartir la actuación de la Junta, pero reprochó al PP que quiera tener miembros en el Consultivo pero no impulse la presencia del partido naranja en órganos donde le corresponde, como el consejo de RTVA.

El acuerdo supone la incorporación a la permanente de Consultivo, con dedicación exclusiva, la exconsejera y senadora Mar Moreno; Ángel Rodríguez Vergara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y doctor en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid; María Jesús Gallardo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, y Juan Gorelli Hernández, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva, y renueva la exconsejera Begoña Álvarez. Continúa Rafael Escuredo y Juan Cano Bueso sigue como presidente.

Serán también consejeros, sin exclusividad, José Manuel Jareño, exdecano del Colegio de Abogados Cádiz y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz; Soledad López, que fue subsecretaria del Ministerio de Presidencia de España y asesora técnica en el área de trabajo de Defensor del Pueblo; Eva Blanco, funcionaria del cuerpo superior de administradores civiles del Estado; Joaquín Cifuentes, abogado y letrado de CC OO; y Fernando Yélamos, abogado desde 1974 en ejercicio y que ha asesorado a UGT. Continúa en su puesto Ana Cañizares Laso, consejera desde 2008.

Completan el Consejo Consultivo cinco consejeros natos, a los que se incorpora Rafael López Cantal representante de las Academias de Legislación y Jurisprudencia.