Gobierno y Junta negociarán la modificación del decreto de las trabas recurrido al Tribunal Constitucional

Marín, que se congratula de que el 95% del decreto sea válido para el Gobierno, confirmó la disposición del ejecutivo andaluz a modificar los términos que colisionan con las competencias estatales, además de anunciar que se tramitará su reforma a través del Pleno del Parlamento cuando este reanude su actividad a principios de mayo. Con ello el bipartito de PP y Cs pretende también disipar las suspicacias de inseguridad jurídica denunciadas por PSOE y Adelante Andalucía ante sendos recursos de amparo al mismo alto tribunal por haberse aprobado el decreto en la Diputación Permanente sin dar participación a los grupos parlamentarios ni voz a los sectores afectados.

Marín habla incluso de atender enmiendas de la oposición como gesto de buena voluntad sobre una norma considerada la más ambiciosa del ejecutivo de centro derecha andaluz, como demuestra que fuera presentado por seis consejeros tras aprobarlo el Consejo de Gobierno del pasado 9 de marzo, mientras que el visto bueno de la Diputación Permanente el pasado 2 de abril se obtuvo con los votos de Vox

El decreto ley modifica 21 leyes y seis decretos de una tacada de áreas troncales de la gestión de la Junta de Andalucía como urbanísticas, de turismo, agua y medioambientales, entre otras. El objetivo es el de suprimir un centenar de trabas administrativas para potenciar el tejido productivo en la comunidad. Aunque es una norma 'ómnibus' elaborada durante meses, el que coincidiera con el comienzo de la crisis sanitaria hizo que en su preámbulo se justifique el formato de decreto ley (contemplado solo para actuaciones de urgencia) por el coronavirus.

El recurso de amparo presentado por 50 senadores socialistas trata de tumbar este agarradero al dudar que sea urgente o tenga que ver con el coronavirus algunas de las modificaciones legislativas introducidas. «Estamos de acuerdo en la simplificación administrativa en temas urbanísticos y en acortar plazos, pero ¿qué tiene que ver la crisis del coronavirus con la supresión de publicidad en las radios piratas y la de la declaración de interés turístico para campos de golf; o el permiso de obras en el entorno de bienes históricos sin la participación de las comisiones provinciales del patrimonio y la declaración de grandes superficies en 16 días, sin tener en cuenta al comercio minorista?», cuestionaba el diputado y portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento andaluz, Manuel Jiménez Barrios. Para los socialistas andaluces el decreto es un «disparate jurídico» que «no simplifica, sino que elimina controles; no es urgente y pone en peligro la seguridad jurídica», además de aprobar «medidas que pueden permitir desarrollos urbanísticos incontrolados»,

No todos estos aspectos tiene en cuenta el Gobierno en su impugnación. De hecho la lectura del vicepresidente, Juan Marín sobre la demanda del ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos es que este avala el 95% del decreto frente a las críticas sin fundamento, en su opinión, de los socialistas andaluces.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, concretó los aspectos recurridos. Señala el artículo 13 del texto andaluz que modifica la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, eximiendo de autorización previa y comunicación a la Consejería de Cultura de determinadas obras sobre bienes de interés cultural y su entorno.

Montero explica que esta regulación «vulnera la competencia estatal en defensa de bienes culturales contra la expoliación prevista en el artículo 149» de la Constitución. También entiende que vulnera la competencia estatal en telecomunicaciones y medios de comunicación social. Por ello recurre los apartados 4 y 6 del artículo 28, que derogan la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial pública audiovisual en emisoras piratas.

El Gobierno solicita la suspensión de los apartados impugnadas por la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad, y porque los perjuicios que pueden producirse por su aplicación pueden ser «de imposible reparación», según expone Montero. La ministra también informó de la «voluntad negociadora» para retirar el recurso si el Gobierno modifica el decreto, tal como solicitó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez el pasado domingo.

El PSOE andaluz va más lejos y reclama su retirada para negociar la reforma, lo que ha sido visto por el Gobierno de PP y Cs como un ataque no a este «sino a los andaluces». «Estamos convencidos de que el Gobierno de España sí va a entender el objeto de este decreto, que es que Andalucía pueda crecer, pero al PSOE andaluz le parece mal y se equivoca de estrategia», aseveró Juan Marín.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, es la persona a la que Juanma Moreno ha encomendado la negociación con el Gobierno central para la adecuación del decreto de forma que no colisione con competencias estatales. La interlocutora de Bendodo será la ministra de Política Territorial y Administración Pública, Carolina Darias.

La iniciativa de negociar el contenido controvertido del decreto para el Gobierno central partió del presidente andaluz, Juanma Moreno, quien lo expuso en la última reunión de presidentes autonómicos vía telemática con el presidente, Pedro Sánchez. Moreno solicitó en realidad que el Gobierno aplace el recurso al Constitucional con el compromiso de modificar el decreto, si bien no ha sucedido así. El recurso seguirá su curso y es previsible que el alto tribunal lo admita a trámite en su próxima reunión.