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Ideal | AGENCIAS
Miércoles, 26 de agosto 2020, 11:33
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció ayer una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para informar sobre la situación actual del coronavirus en España y para anunciar, entre otras cosas, que las comunidades autónomas podrán solicitar el estado de alarma al Ejecutivo. Diferentes miembros del Gobierno andaluz también han realizado en las últimas 24 horas varios anuncios relacionados con la COVID-19 y la posibilidad de declarar dicho estado de alarma.
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El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, aseguró ayer que la vuelta al cole en Andalucía se va a efectuar en las fechas previstas y de forma presencial, una decisión que calificó de «irrenunciable». «A todos nos interesa que los alumnos estén en la escuela, que es donde se genera el mayor derecho básico que tienen nuestros niños: una educación presencial y de calidad. Tenemos que tenerlo todos muy claro. Si no hay presencialidad no hay igualdad», subrayó el consejero sobre el proceso de vuelta a las aulas.
Imbroda afirmó que se están siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, que respaldan la vuelta al colegio presencial, y precisó que no se trata de un problema educativo, sino de salud pública que afecta a toda la sociedad. Asimismo, aseguró que «estamos preparados» para actuar ante un caso positivo de COVID-19.
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El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha manifestado este miércoles que, «en este momento», no es necesario un estado de alarma en Andalucía. En declaraciones a la Cadena SER, Marín ha acusado a Pedro Sánchez de «eludir su responsabilidad» en relación con este instrumento al plantear que una región pueda solicitar su aplicación en su territorio.
Para Marín, ese anuncio del presidente no responde a lo que las comunidades le solicitaron en la Conferencia de Presidentes que se celebró en la Rioja hace un mes, que es que se crearan instrumentos jurídicos para poder ordenar confinamientos de forma puntual y no para declarar el estado de alarma.
Ha señalado que se quedó sorprendido por la reacción y por las manifestaciones del presidente y «decepcionado porque no se ha dado respuesta a esa necesidad que tenemos en las comunidades de actuar de una manera ágil, simple y con plena seguridad jurídica a la hora de poder confinar una población, una barriada o una provincia si fuera necesario, que es lo que se le había pedido».
Ha añadido que el Gobierno de España puede solicitar el estado de alarma para cualquier comunidad autónoma, sin necesidad de hacerlo para todo el país, de manera que ha planteado por qué no utiliza esa facultad que ya tiene a través de una ley orgánica.
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El vicepresidente andaluz declaró ayer que los padres que decidan no llevar a los niños al colegio a partir de septiembre «están en su derecho». Marín explicó que la obligación del Gobierno andaluz «es velar por la seguridad de todos los alumnos, los profesores y los profesionales, y todos los recursos se están poniendo encima de la mesa», si bien entiende que él mismo, como padre que es, «soy que el que tengo la última palabra a la hora de decidir si mi hijo va al cole o no, y eso es respetable».
No obstante, 24 horas después ha matizado estas declaraciones. En una entrevista concedida a Cadena Ser ha recordado que hasta los 6 años la educación no es obligatoria y, por tanto, es «lógico y razonable» que los padres y madres decidan si sus hijos van a clase. No obstante, ha afirmado que las familias con hijos entre 6 y 16 años tienen que llevarlos a los centros escolares porque están en una etapa educativa obligatoria, y deben «atenerse a las consecuencias» en caso de no hacerlo porque la ausencia de las aulas está regulada como absentismo escolar.
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El presidente autonómico, Juanma Moreno, ha declarado que no ve necesario actualmente limitar más el número de asistentes a reuniones sociales en Andalucía ante la pandemia del coronavirus -fijado en diez personas- y dice que la adopción de medidas «más restrictivas» dependerá de la evolución.
Moreno ha recordado que la región andaluza se adelantó a Cataluña al limitar a diez los asistentes; que cada 15 días repasan las circunstancias y toman una decisión y que, aunque no van a aplicar ahora nuevas limitaciones, tampoco rechazan esa posibilidad en función del desarrollo de la pandemia. Moreno destaca que diez personas es el número medio que tienen establecido la mayoría de comunidades, aunque si el comportamiento social no es responsable, tomarán «medidas mas restrictivas».
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El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, señaló ayer en el parlamento regional que Andalucía padece ya una «segunda oleada» de la pandemia del coronavirus, que se esperaba para octubre, pero que se ha «adelantado».
Durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento, Aguirre señaló que la Junta sabía que se avecinaban semanas difíciles complejas a efectos sanitarios, debido a una mayor movilidad de la ciudadanía por el periodo estival, al incremento de visitantes a la comunidad o al deseo de compartir momentos con las familias. No obstante, quiso dejar claro que la gran mayoría de los residentes en Andalucía y de los visitantes ha tenido un comportamiento ejemplar, pero una minoría muy pequeña no ha sido responsable con las medidas que se tienen que cumplir para evitar brotes.
El consejero expuso que esta «segunda oleada» tiene unas connotaciones epidemiológicas y de salud pública muy diferentes a las de la primera ola, ya que basta con ver la curva de crecimiento o la edad poblacional afectada por el virus o la repercusión desde el punto de vista clínico.
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