Interpuesta la primera demanda colectiva de familiares en Andalucía por las muertes en residencias de mayores

El portavoz de la plataforma, Alberto Puig, ha indicado a Europa Press que durante el último trimestre del 2020, en la denominada segunda oleada, numerosas residencias de mayores de la provincia de Jaén sufrieron «importantes brotes» de covid, lo que dio como resultado que la provincia de Jaén fuese, junto con Granada, de las más afectada de Andalucía y de España, con el triste resultado de 121 ancianos fallecidos entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre de 2020.

«Esa espantosa cifra lamentablemente triplica el número de fallecidos en residencias de la provincia durante toda la primera oleada y la desescalada --entre marzo y septiembre--, y fija en un 33 por ciento la funesta aportación de las residencias jienenses a las muertes totales provinciales de la segunda oleada», ha indicado Puig como portavoz e hijo de una de las residentes fallecidas por covid en la residencia Orpea de Andalucía.

Estos datos se sitúan un 25 por ciento por encima de la medida andaluza, «un porcentaje por sí mismo tristemente llamativo». «Datos dramáticos y estremecedores que nos hablan de un final inesperado de nuestros mayores después de meses de aislamiento y encierro obligado para supuesta y paradójicamente evitarles contagios. Todo un fracaso», ha indicado Alberto Puig.

«Nuestros mayores que se fueron y los que aún están entre nosotros merecen un análisis crítico y responsable, serio e inaplazable por parte de la sociedad sobre lo que se pudiera haber corregido y evitado, y no se hizo en el interior de esas residencias, análisis que aún no se ha producido en el seno de la propia sociedad y sus sectores más dinámicos, y que desde aquí la plataforma de familiares, demandamos», ha dicho el portavoz.

Desde la plataforma se pide que se investigue a nivel penal «la gestión errónea» de las residencias más impactadas por el covid durante la segunda y tercera oleada, y que se investigue «la inacción o errores de la supervisión administrativa autonómica con competencias efectivas», en alusión directa a la Consejería de Salud y familias, así como a la de Políticas Sociales.

Esta primera denuncia colectiva se presenta «para conocer los fallos por imprudencia» ocurridos en Orpea Andújar entre octubre y noviembre, y la siguiente se planteará «para esclarecer los presuntos errores negligentes» cometidos en la Residencia Caridad y Consolación, en Jaén capital donde fallecieron, según la plataforma, 34 personas mayores.

Tras el detenido estudio de los expedientes de cada residente fallecido, a juicio de la plataforma, «han fallado de forma simultánea, y por supuesto presuntamente, demasiadas cosas», y, entre ellas, se apunta directamente a los planes de contingencia y la detección precoz en trabajadores, «no hubo protocolos de ventilación y estimamos se ha abusado de la compartición de habitaciones».

«Creemos que ha habido presuntamente fraude en la aplicación del ratio de trabajadores, nos consta han faltado pruebas diagnósticas para sintomáticos, ha habido claros errores en la sectorización que no ha evitado la contaminación cruzada, hubo renuencia activa o pasiva a derivar a centros hospitalarios en casos de agravamiento, carencia inaudita de médicos internos en fines de semanas», recoge la plataforma.

Todos estos hechos y otros se han puesto en conocimiento del Ministerio Público mediante esta primera demanda «para dilucidar responsabilidades si finalmente las hubiera», pero por encima de eso el interés de la plataforma es que a «partir de ahora ayudemos a la vacuna, y lo hagamos dotando con más y mejores medios y recursos, con funcionales planes de contingencia eficaces a nuestro sistema de residencias de mayores, herido por la covid, pero también por la mala gestión pública/privada».

Desde la plataforma de Jaén ya se ha entrado en contacto con otras provincias como es el caso de Granada, Sevilla o Cádiz con la idea de seguir una estrategia común y abogar desde las ocho provincias a que se den las oportunas explicaciones, primero a nivel de Administración autonómica, y si no se da, acudir a la vía judicial como ya se ha hecho en Jaén.