El 47% de la inversión consignada en los presupuestos de la Junta en la etapa de Díaz no se han ejecutado

Bravo puso de ejemplo la no ejecución presupuestaria de la Junta los últimos cinco años para defender que pretende tomarse el tiempo necesario para elaborar las cuentas de 2019. Las que hay en vigor son prorrogadas de las de 2018 que aprobó el ejecutivo de Díaz. Tanto PSOE como Adelante Andalucía, e incluso Vox, han criticado al bipartito PP-Cs por admitir que hasta finales de mayo el consejero no tiene previsto presentar el proyecto de ley del Presupuesto de este ejercicio. «La primera premisa de nuestros presupuestos es establecer de manera muy rigurosa los ingresos y los gastos, y hacerlo de manera que al final del ejercicio se haya ejecutado el 100% del Presupuesto para no defraudar las expectativas de nadie», manifiesta el consejero.

Bravo ha situado el dato antes mencionado como evidencia de que se ha presupuestado «sin rigor y a sabiendas del incumplimiento». «En esta Cámara se han venido presentando y aprobando año tras año presupuestos y partidas que finalmente no se han ejecutado».

El consejero ha desglosado parte de los 9.930 millones sin ejecutar. Ha dicho que en infraestructuras y equipamiento sanitario la falta de ejecución ha sido del 40%. «Hay situaciones lamentables -dice- concretamente en 2016 se prometieron en esta Cámara presupuestos de inversión por 102 millones y solo se ejecutaron 43 millones», anotó. Ese mismo año el SAS gastó 48 millones de euros en intereses de demora, añadió.

En materia de empleo «el resultado es demoledor», dijo el consejero, recordando datos ya conocidos sobre que la Junta dejó de materializar programas de formación del empleo «en una de las regiones con más paro de Europa» en plena crisis por el escándalo de los cursos de formación con diligencias abiertas en varios juzgados. La mayoría han sido archivadas. El consejero incluso ha ampliado la cifra conocida de las cantidades asignadas al programa 32D: 1.902 millones de euros que se consignaron en los presupuestos para formación nunca llegaron a ejecutarse. En el programa de empleabilidad que gestiona el SAE (32L), solo el 52% del presupuesto definitivo se llegó a ejecutar. «Esto es básicamente el gasto de funcionamiento de las oficinas, dejando sin ejecutar el grueso de las políticas de empleo», apostilló.

El titular de Hacienda apunta que también hay falta de ejecución en partidas sociales de gran renombre. Entre ellas ha citado las becas Adriano: 40,5 millones de euros prometidos desde su inicio (2014) y solo 4,8 millones de euros ejecutado, un incumplimiento casi del 90%.

Otra de las políticas estrella del anterior ejecutivo, la renta mínima, también aparece en la lista negra del consejero. En 2018 se prometieron 198 millones de euros, pero solo se han llegado a conceder 54 millones, lo que supone un incumplimiento del 72%. El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, ha reiterado varias veces sus quejas al anterior gobierno por la ineficacia a la hora de ejecutar estas partidas, que los socialistas atribuían a las dificultades administrativas.

Juan Bravo ha apostillado tras ofrecer estos datos que aún hay más incumplimientos en investigación, desarrollo o fomento empresarial. Los datos mencionados «son solo un ejemplo».