La Junta agota la última vía antes de ir al juzgado por el reconocimiento de los menores migrantes

En concreto, la Junta de Andalucía reclama al Gobierno la transferencia de 16,8 millones de euros, que es el coste que supone para las arcas de la Administración autonómica proveer a estas personas de alojamiento, manutención y servicios sanitarios y educativos durante un periodo de un año. En ejercicio de sus competencias, la Junta está obligada a hacerse cargo de los menores de edad en situación de desamparo, es decir, sin una familia que se haga cargo de ellos, independientemente de su nacionalidad u origen.

De momento, estos 567 menores migrantes no acompañados han ingresado en centros de protección de Andalucía y continuarán acogidos a los programas de preparación para la vida independiente. Este caso, en el que los menores, que llegaron a Canarias en sucesivas oleadas y que el Gobierno fue remitiendo a Andalucía sin reconocer su condición, se ha convertido en un nuevo motivo de discrepancia entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno andaluz, pero la controversia va más allá de un mero reclamo económico.

Insensibilidad

Para la consejera de Igualdad, Loles López, esta situación es una muestra no sólo de la falta por parte del Gobierno de España de una política de migración ordenada y rigurosa, sino de la falsa fachada de sensibilidad social que recubre la acción del Ejecutivo. «Cuando rascas un poco se cae la careta», dijo la consejera tras aludir este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, a la utilización que del tema de la inmigración hace el Gobierno a la hora de negociar con los nacionalistas vascos y catalanes. «Los migrantes también van en los privilegios que están negociando, pero no son paquetes, son personas», dijo tras recordar que el Gobierno vasco está reclamando el reconocimiento de esa comunidad autónoma como frontera norte mientras que a Andalucía no se le reconoce tal condición en el sur y que Junts ha exigido las competencias en migración y que Cataluña sea excluida del reparto por todo el territorio español de los menores que llegan a Canarias.

La Junta defiende que en los casos de la llegada de menores de edad, el reparto se haga conforme a lo dispuesto en el modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada aprobado en septiembre de 2022 en el pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y que se basa en el principio de solidaridad.

También reclama que las pruebas de edad se le practiquen a los migrantes en el lugar al que llegan, lo que y no una vez que han sido trasladados, ya que eso evitaría poner fin a la situación actual y exige que el Gobierno elabore un plan de contingencia para dar respuesta a la crisis migratoria en el ejercicio de sus competencias.

Asimismo, pide que se le dé información sobre los mayores de edad que también han sido trasladados a diferentes puntos de Andalucía y a quienes el Gobierno, una vez transcurridos tres meses, deja en la calle sin regularizar, por lo que no tienen ninguna posibilidad de integración en el mercado laboral.