La Junta cesa a cuatro interventores y desvincula su relevo de los contratos sanitarios de emergencia

Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos explicaron ayer que estos cambios responden exclusivamente a «una reestructuración organizativa de la Intervención y a la necesidad de renovar equipos» como así ha ocurrido en etapas anteriores y con gobiernos socialistas. La Consejería puso de relieve que «ninguno de los interventores que han cesado tienen responsabilidad ni competencia alguna en relación con los informes emitidos por la Intervención Central del SAS», descartando así cualquier relación con los citados contratos de emergencia sanitarios.

El departamento que dirige Carolina España restaba así importancia a los cambios producidos en la Intervención General de la Junta de Andalucía y esgrimió que estas personas «ocupaban puestos organizativos de máximo nivel y de libre designación».

La Junta sostuvo que estos cambios son parte del proceso normal de reorganización de equipos y en ningún caso se ha producido por motivos disciplinarios, ya que todos los cambios obedecen a una reestructuración organizativa de la Intervención.

Además, resaltaron que estos cambios forman parte de la tónica habitual en los procesos de cambios en el equipo de la Intervención y recordaron que «entre 2014 y 2024 se produjeron 473 cambios, entre 70 y 80 de media cada año, sólo en los puestos organizativos de máximo nivel» como los cambios registrados ahora. La oposición tiene una visión bien diferente y considera que estos ceses sí guardan estrecha relación con la posición reflejada en los informes de la Intervención General en torno a los citados contratos sanitarios, a los que ya puso reparo la anterior Interventora General, que fue cesada recientemente tras dos años en el cargo y reemplazada por Miguel Ángel Figueroa, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

La portavoz del PSOE-A, María Márquez, denunció ayer la «cacería» que el Gobierno de Juanma Moreno ha iniciado contra los interventores de la Junta que alertan de «irregularidades e ilegalidades». La representante socialista dijo que «es una cacería, ya no solo política, sino también a los empleados públicos que se atreven a denunciar la corrupción sanitaria en la Junta de Andalucía».

Según María Márquez, «no tuvieron bastante con cortarle la cabeza a la interventora general, que fue la que denunció que se estaban dando contratos sanitarios a la privada, sin control, a dedo y que había irregularidades e ilegalidades para ahora cesar a la cúpula de la Intervención General de la Junta de Andalucía».

«Una operación peligrosa»

«Esto nos parece gravísimo; una operación peligrosa, porque evidentemente están intentando que no quede rastro, y que todo el que sabe algo ya no lo sepa y que todo el que trabajaba en este ámbito denunciando lo que estaban haciendo, que no lo denuncie», sostuvo la portavoz del PSOE andaluz. Por su parte, la portavoz del Grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz y miembro de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, lamentó ayer el cese de los cuatro interventores «con competencias muy sensibles y que suponen un mensaje del PP a los altos funcionarios de la Junta».

Inmaculada Nieto indicó que se trata de «un ataque a la independencia de los órganos de control interno» y advirtió que estos ceses es un aviso a los funcionarios «de que quien no esté dispuesto a afirmar que los burros vuelan, durará poco en su cargo», precisó. Además, consideró que «se está purgando la Intervención General de la Junta y parece que el Gobierno está dispuesto a laminar a todo funcionario que emita informes críticos con su gestión».