La Junta comunicará sobre el indulto a condenados por los ERE que aún no ha sido resarcida

La Audiencia de Sevilla remitió el pasado miércoles una providencia a la Junta de Andalucía en la que le daba un plazo de tres días para que emite su parecer sobre la petición de indulto formulada por el expresidente andaluz José Antonio Griñán y otros siete antiguos altos cargos condenados, la mayoría de los cuales se encuentra actualmente en prisión.

El plazo para fijar posición vence el próximo lunes y la Junta, única perjudicada en la causa, comunicará que aún no ha recuperado el dinero utilizado irregularmente y por el que ha presentado una causa ante el Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable. El tribunal ya solicitó la opinión de la Fiscalía y ahora recaba la de la Junta antes de pronunciarse en el marco del procedimiento abierto por el Gobierno para tomar una decisión sobre este asunto.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, señaló este viernes en Cádiz que lo que se le pide a la Junta es que informe sobre cuál es su situación. «Y la situación es que no se nos ha resarcido por el daño». dijo Sanz, que recordó que se trata de un perjuicio patrimonial para la hacienda pública andaluza de cientos de millones de euros.

El consejero subrayó que no corresponde a la Junta posicionarse ni sobre la condena ni sobre el indulto y que la postura que tomará sobre este asunto es estrictamente jurídica y no política. Recordó además que la decisión sobre si se indulta al expresidente, los ex consejeros y otros ex altos cargos socialistas no la tomará la Junta de Andalucía, sino el Gobierno de España. En ese sentido, apuntó que la providencia remitida a la Junta por la Audiencia de Sevilla ni siquiera ha incorporado el expediente del trámite del indulto, por lo que difícilmente la Junta podría emitir una opinión. «Se nos pide que expliquemos cuál es nuestra situación y la situación es que no hemos sido resarcidos», dijo Sanz, que aseguró que el Gobierno andaluz seguirá peleando para recuperar «hasta el último euro». «A nosotros lo que nos corresponde es decir que Andalucía sufrió como consecuencia de este caso de corrupción una pérdida económica muy importante que no se nos ha resarcido», insistió.

El pasado octubre, el entonces Gobierno en funciones activó el trámite para indultar a los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los ERE, en un procedimiento en el que debe ahora pronunciarse la Junta de Andalucía como única parte perjudicada.